El Gabinete aprobó el 3 de enero de 2019 un proyecto de ley para enmendar las regulaciones concernientes a las inversiones en Taiwan por parte de ciudadanos extranjeros y taiwaneses de ultramar.
Dicho proyecto de ley busca simplificar el proceso de solicitud, selección y aprobación de las inversiones extranjeras, explicó Chang Ming-pin, secretario ejecutivo de la Comisión de Inversiones del Ministerio de Economía.
Según las enmiendas preliminares al Estatuto para las Inversiones de Extranjeros y el Estatuto para las Inversiones de los Compatriotas de Ultramar, ya no se requerirá de una aprobación previa para las inversiones en Taiwan de los inversionistas que pertenezcan a esas dos categorías, excepto en casos especiales, señaló Chang.
Según el funcionario, los ciudadanos extranjeros y los taiwaneses residentes en el extranjero podrán invertir primero y luego presentar su solicitud, a menos que la inversión sea en ciertas industrias o exceda un cierto porcentaje del capital de la empresa receptora.
El umbral propuesto para inversiones sin aprobación previa es de 1.000.000 de dólares estadounidenses, pero esa cifra aún está siendo sopesada por el Banco Central y las agencias gubernamentales involucradas, advirtió la viceministra de Economía, Wang Mei-hua.
Wang también hizo hincapié en que la aprobación aún será requerida por adelantado si los inversionistas potenciales son gobiernos extranjeros o provienen de regiones que están involucradas en actividades terroristas o que se encuentran sujetas a sanciones económicas por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
La viceministra reveló que Taiwan recibe alrededor de 3.500 solicitudes al año por parte de inversionistas extranjeros y de taiwaneses residentes en el extranjero. Según Wang, el 85 por ciento de ellos estará exento de presentar solicitudes por adelantado, una vez que el Yuan Legislativo apruebe las enmiendas propuestas por este proyecto de ley.
Por otro lado, este proyecto de ley también busca fortalecer la labor de supervisión de las autoridades relevantes, mejorar la transparencia de las evaluaciones de las inversiones extranjeras y aumentar las sanciones por inversiones ilegales o que violen las regulaciones de inversión de capital. Estos últimos serían los casos en que un inversionista debe presentar su solicitud por anticipado pero no lo hace o que no declara el valor real de sus inversiones.