Se produjo una fuerte división entre los Yuanes Ejecutivo y Legislativo después de que el primer ministro, Chang Chun-hsiung, presentó un informe ante la Legislatura el pasado 30 de enero. Los legisladores de oposición pidieron que el proyecto siga adelante, una posición que el Gabinete se mostró renuente a aceptar.
A pesar de los intentos del presidente Chen Shui-bian de limar las asperezas, los dos lados no llegaban a un acuerdo.
En un esfuerzo para romper el impasse político, el Gabinete propuso en un borrador, elaborado el 6 de los corrientes, el reinicio de la construcción de la planta nuclear con la condición de que las decisiones sobre los futuros presupuestos para dicho proyecto deben ser hechas por la próxima Legislatura, cuyos miembros serán elegidos en diciembre. Además, la actual Legislatura debe iniciar negociaciones con el Gabinete sobre una ley básica de energía que programe el rumbo general de la política energética del Gobierno. El objetivo final de esta ley es hacer que Taiwan quede libre de plantas nucleares.
Aunque están de acuerdo con el principio de un futuro libre de energía nuclear, los legisladores de oposición insistieron en que la construcción de la planta nuclear se reanude antes de que se lleven a cabo las negociaciones con el Gabinete.
Pero habían pocas señales de un avance significativo.
Exacerbando el asunto, los legisladores del DPP mantuvieron firmemente su posición de que el proyecto se suspenda. Ellos exigieron que las negociaciones con el campo de la oposición se lleven a cabo antes de que se tome cualquier decisión.
Desde que en octubre pasado Chang anunció la decisión del Gabinete de suspender el proyecto, algunas personas atribuyen la caída del mercado bursátil y el creciente desempleo en Taiwan a dicha medida. La oposición también cuestionó la legalidad de dicho procedimiento.
Para solucionar el asunto, el Gabinete pidió al Consejo de Grandes Jueces que hiciera una interpretación.
El fallo presentado por los Grandes Jueces el pasado 15 de enero –que resolvió que los procedimientos del Gabinete para tomar la decisión de suspender la construcción de la planta no fueron adecuados– obligó a Chang a informar a los legisladores acerca de su proceso de toma de decisiones sobre este importante cambio en la política.
Dos semanas después, Chang presentó su informe a la Legislatura en una sesión extraordinaria. En el reporte, el Primer Ministro reiteró la determinación del Gobierno para crear una sociedad libre de energía nuclear. El recalcó que la suspensión del proyecto es por el bien de las futuras generaciones de Taiwan.
Citando el desastre de la planta Chernobyl en 1986, Chang señaló que una falla nuclear masiva sería devastadora para una isla como Taiwan. El Primer Ministro también indicó que la cancelación del proyecto no equivale a una escasez de energía porque la isla posee abundantes reservas de energía. Además, fuentes energéticas alternativas serán desarrolladas para asegurar un suministro de energía estable, añadió.
Un asunto importante es cómo deshacerse adecuadamente de los desechos nucleares. En primer lugar, los sitios para almacenarlos serán difíciles de encontrar. Chang también cuestionó la habilidad de Taiwan para manejar desastres nucleares.
Dejando a un lado lo convincente de su argumento, los legisladores votaron 134 a favor, y 70 en contra, de la reanudación de la construcción. La Legislatura hizo un llamado al Gabinete para que continúe con el proyecto nuclear basándose en que la Administración está obligada a llevar a cabo los presupuestos relacionados que ya han sido aprobados por el Yuan Legislativo.
Pero el informe de Chang tuvo éxito en un aspecto. En un gesto para afirmar su compartida preocupación por el medio ambiente, los legisladores prometieron establecer a la larga un país libre de energía nuclear.
El voto causó que el Gabinete considerara la propuesta de su compromiso.
La controversia de la cuarta planta nuclear ha durado dos décadas. Siendo una política nacional clave de la anterior administración del Kuomintang (KMT), el destino del proyecto cambió cuando Chen, del DPP (partido que mantiene una política anti nuclear) asumió la presidencia en mayo del año pasado. La transición sin precedentes del poder dio fin al régimen de más de 50 años del KMT.
Los ecologistas finalmente vieron un rayo de esperanza. Pero el proceso de enverdecimiento no ha sido fácil. Teniendo una minoría en el Yuan Legislativo, el DPP frecuentemente enfrenta dificultades para pasar sus políticas. Con el KMT dando todo su apoyo al proyecto nuclear, no es fácil para el DPP dar marcha atrás a la situación.
Más o menos en las fechas en que Chang iba a presentar su informe, activistas anti nucleares, incluyendo aquéllos que residen en Kungliao –distrito de Taipei– sitio del proyecto, protestaron frente al edificio del Yuan Legislativo. La manifestación se tornó violenta cuando un hombre repentinamente se inmoló ante la muchedumbre para expresar su posición anti nuclear. Tal es la volatilidad del asunto nuclear en Taiwan.
Su Tseng-chang, alcalde del distrito de Taipei e influyente miembro del DPP, expresó su firme desacuerdo hacia la acquiesencia del Gabinete con la Legislatura. “El distrito de Taipei ya tiene dos plantas nucleares, sin incluir el proyecto de la cuarta. Esto representa un enorme peligro para los residentes aquí”, recalcó.
El DPP desde hace mucho tiempo ha dejado muy en claro su política anti nuclear. Lin I-hsiung, ex presidente del partido, en una ocasión viajó a pie por la isla para pedir apoyo para el “ideal verde”. Varias veces ha instado a todos los miembros de la Administración de Chen a que respeten el principio anti nuclear.
Además del interés idealista de Lin, sus colegas se preocupan de que el DPP se retracte demasiado, arrebatándose a sí mismo de una ya limitada influencia política y poniendo un ejemplo negativo en la futura formulación de políticas.
El líder de la facción legislativa del DPP, David P. L. Chou, repetidamente ha enfatizado que la resolución alcanzada por el Yuan Legislativo es no vinculante al Gabinete. Incluso si éste decide respetar la resolución, tal medida se tomaría por respeto y no por necesidad, indicó.
Las palabras de Chou subrayan una extraña situación en la arena política de Taiwan, en la que los poderes ejecutivo y legislativo se disputan la legitimidad, mientras que los legisladores parecen estar más preocupados por sus escaños.
De hecho, la oposición podría proponer un voto de no confianza contra el Primer Ministro si determinan que su política es inaceptable, una medida también sugerida en el fallo de los Grandes Jueces. A la vez, la Constitución de la República de China da autoridad al Presidente para que disuelva el Yuan Legislativo tras un voto de no confianza.
Pero tal escenario daría lugar a elecciones legislativas prematuras, algo que el KMT desea evitar. Sin una buena preparación, el partido arriesga perder su mayoría en el Yuan Legislativo. Contrariamente a lo que el KMT desea, una elección ofrecería al DPP la oportunidad de aumentar sus escaños en la Legislatura y por lo tanto, de fortalecer su control del poder.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha presentado la idea de promulgar una ley de referéndum para solucionar las disputas sobre importantes políticas nacionales, tales como la planta nuclear.
En el borrador de la ley de dicho Ministerio, los residentes cuyos intereses se ven directamente afectados por la política disfrutan de un derecho especial de veto. Se requerirá más de tres cuartas partes del voto popular para rechazar la decisión de estos residentes.
No obstante, los intelectuales están preocupados de que ésto dé lugar a una hegemonía de la minoría. Ellos instaron al Ministerio a disminuir el límite para invalidar el veto.
Tomará tiempo elaborar una ley de referéndum extensiva. Por ahora, el reto de la Administración no es sólo si la construcción de la planta debe continuar, sino también la posibilidad de reacciones violentas de parte de los miembros del DPP y de los ecologistas.
El desenlace final se produjo el día 13, cuando Chang y Wang Jin-pyng, presidente del Yuan Legislativo, firmaron en nombre de los dos poderes un acuerdo de cuatro puntos donde el Ejecutivo se compromete a reanudar la construcción de la planta nuclear. De esta manera, se logró solucionar el conflicto que dividió políticamente y sacudió los mercados financieros en Taiwan.