Las enmiendas a la Ley de Nacionalidad de la República de China pasaron la primera lectura en el Yuan Legislativo el 17 de diciembre, allanando el camino para una mayor flexibilidad en la contratación de profesionales internacionales en Taiwan.
“Las enmiendas tienen por objetivo solventar las insuficiencias de la Ley actual y proporcionar una mayor protección a los derechos de los inmigrantes por matrimonio”, declaró un funcionario de la Legislatura.
“Asimismo, las enmiendas también van acordes con el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, aseveró el funcionario.
Según el proyecto de ley, no les exigirá a los profesionales extranjeros en los campos de las artes, la cultura, la economía, la educación, el deporte y la tecnología renunciar a su nacionalidad de origen, a fin de obtener su naturalización.
“El cambio normativo que permite la doble ciudadanía ayudará a los sectores educativo y empresarial de Taiwan a atraer mejores talentos extranjeros”, explicó el funcionario.
Si bien esta regla sólo se aplica a los extranjeros con logros recomendados por el Gobierno, otras categorías de solicitantes también se beneficiarán de las enmiendas, como las que les conceden un año para proporcionar la documentación relacionada a la renuncia de nacionalidad después de que se apruebe su solicitud.
Según la ley actual, los extranjeros tienen que renunciar a su nacionalidad de origen antes de lograr la naturalización. Este requisito los hace apátridas, sin garantía de que sus solicitudes tendrán éxito.
También se permitirá a inmigrantes por matrimonio que tengan hijos menores ciudadanos de la República de China solicitar la ciudadanía en caso de divorcio o por la muerte de sus cónyuges ciudadanos.
Por otro lado, el proyecto de ley establece una definición más liberal de “carecer de antecedentes legales”, permitiendo que las personas con faltas o delitos menores, pero sin crímenes o delitos graves presenten sus solicitudes, siempre que hayan pagado su deuda con la sociedad por su mala conducta.