La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en la Haya dictaminó el 12 de julio que China continental no cuenta con una base legal para reclamar derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas del Mar de China Meridional ubicadas dentro de la “línea de nueve puntos”; y que todas las formaciones en marea alta del archipiélago de las Spratly (Nansha), incluyendo a la isla Taiping (Itu Aba), son definidas legalmente como “rocas”. La isla Taiping está bajo control de la República de China.
En respuesta al fallo, la Presidencia de la República de China emitió un comunicado afirmando que no acepta el fallo y asevera que el mismo no es jurídicamente vinculante en la nación. Asimismo, reiteró la postura de que la República de China tiene soberanía sobre las islas en el Mar de China Meridional y las aguas circundantes.
El Gobierno dará su mayor esfuerzo por proteger la soberanía y el territorio de la nación; así como proteger los intereses del país, indicó la Presidencia.
La Corte de Arbitraje no invitó a la República de China a participar en los procedimientos y no consultó con la República de China antes de emitir su decisión, aseveró la Presidencia, agregando que este fallo ha menoscabado seriamente los derechos marítimos de la República de China sobre las islas en el Mar de China Meridional y las aguas circundantes.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, David Tawei Lee, explicó por qué el fallo es inaceptable para la República de China. Primeramente, la Corte se refirió a la República de China como “la Autoridad de China en Taiwan” en su fallo, “una designación inapropiada que es denigrante al estatus de la República de China como estado soberano”, afirmó Lee.
“Segundo, la isla Taiping no estaba incluida originalmente en las propuestas para arbitraje. Pero el Tribunal se adjudicó la función de expandir su autoridad, declarando a Taiping, gobernada por la República de China, y a otras formaciones en las islas Nansha ocupadas por Vietnam, Filipinas y Malasia, como ‘rocas’ que no generan una zona económica exclusiva”, argumentó el Canciller.
No obstante, “la República de China está anuente a que, por medio de negociaciones realizadas con base en la igualdad, a colaborar con los estados involucrados para promover la paz y estabilidad en el Mar de China Meridional”.
En el caso presentado por Filipinas contra China continental, la Corte de la Haya sentenció que no existe evidencia de que China continental haya tenido control exclusivo de las aguas o los recursos en las islas del Mar de China Meridional.
Filipinas presentó el caso ante esta Corte, argumentando que las formaciones terrestres que Pekín reclama en el Mar de China Meridional no son islas, y que por lo tanto, no tienen derecho a las zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas.
El reclamo territorial de China continental sobre las aguas en el Mar de China Meridional que se encuentran dentro de la “línea de nueve puntos” es ilegal bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, argumentó Filipinas.
En su sentencia, la Corte de la Haya señaló que muchas de las formaciones en las islas Spratly están bajo el control de diversos países, que han construido instalaciones y poseen personal en ellas, pero que se considera que estas presencias modernas dependen de los recursos y el apoyo externo, y muchas han sido modificadas para aumentar su habitabilidad.
Tras evaluar los registros históricos, la Corte encontró que las islas Spratly han sido históricamente usadas por pequeños grupos de pescadores de China continental y otras naciones; y que varias empresas japonesas de pesca y minería del guano existieron en las décadas de 1920 y 1930.
“El Tribunal concluyó que el uso temporal de las formaciones por los pescadores no implica habitación por una comunidad estable y que toda la actividad económica ha sido de extracción”, indica el fallo.
Por lo tanto, el Tribunal de la Haya concluyó que todas las formaciones en marea alta de las islas Spratly, incluyendo Itu Aba, Thitu, isla West York o isla Likas, isla Spratly, Cayo Nordeste y Cayo Suroeste, son legalmente consideradas “rocas” que no generan una zona económica exclusiva o plataforma continental.