En el transcurso de su carrera, Gina Lee, directora de la Oficina de Trabajo Social para la Fundación de Mujeres Modernas (MWF, siglas en inglés), ha ayudado a cientos de mujeres víctimas de violencia; sin embargo, el recuerdo de la primera aún sigue vivo. “Aquella mujer fue golpeada tan severamente que tenía fracturas por todo el cuerpo”, recuerda Lee. Para escapar de su esposo en el centro de Taiwan, tuvo que esconderse junto a su hijo pequeño en la casa de su madre en Taipei, antes de buscar ayuda en la organización no gubernamental y conocer a Lee. La trabajadora social la acompañó durante la revisión médica de las heridas, la ayudó a solicitar una orden de alejamiento en contra de su esposo, y estuvo pendiente de ella. Cinco años después, la mujer se divorció y se trasladó a Estados Unidos con su hijo. “Ella espera que su hijo crezca en un ambiente donde la gente muestre más respeto por la mujer”, dice Lee.
En cuanto a la igualdad de géneros, quizás la mujer que Lee ayudó, tomó la decisión correcta de irse a vivir en el Occidente, que es donde empezó el movimiento feminista. No obstante, en Taiwan ya se han logrado avances, especialmente en lo referente a la estructura legal, dice Lee. La derogación de la ley marcial en 1987 fue, sin dudas, un hito en este asunto, porque fue el comienzo de la travesía hacia la igualdad de géneros, y otros movimientos sociales. MWF fue establecida ese mismo año, y otros grupos no gubernamentales que luchan por los derechos de la mujer, siguieron sus pasos y se dedicaron a ofrecer asistencia práctica y oportuna o a la investigación y los esfuerzos para lograr la aprobación de reglamentaciones pertinentes.
Sus años de esfuerzos valieron la pena cuando se aprobaron leyes, tales como la Ley para la Prevención de Agresiones Sexuales y la Ley para la Prevención de Violencia Doméstica, que entraron en vigor en 1997 y 1998, respectivamente. Por ejemplo, la Ley para la Prevención de Agresiones Sexuales consagra que el Gobierno Central debe crear una base de datos de huellas digitales y ADN de los agresores sexuales, y que se debe prohibir que los medios de comunicación den a conocer el nombre de la víctima o cualquier otra información sobre su identidad, a menos que se conceda autorización o aquélla haya fallecido.
Gracias a la Ley sobre la Prevención de Violencia Doméstica, en 1999 las cortes comenzaron a emitir requerimientos judiciales contra los que incurren en violencia doméstica, pocos meses después del primer caso que Lee tuvo a su cargo.
Ambas leyes aparecieron en medio de dos incidentes prominentes: la violación y asesinato de una activista de los derechos de la mujer en 1996, y un caso en el que la víctima de violencia doméstica, mató a su esposo tras años de abuso en 1993.
Aún así, la violencia en contra de las mujeres continúa siendo un problema. En los últimos tres años, se han reportado anualmente más de 60.000 casos de violencia doméstica, en comparación con los 28.000 casos reportados en 2000. En la mayoría, las mujeres han sido las víctimas de sus maridos. Lee cree que esto se debe a que las mujeres taiwanesas, están ahora más al tanto de las protecciones legales a su disposición, no porque los hombres taiwaneses sean más violentos que antes.
Nueva redacción de la ley
“Primero, las activistas de los derechos de la mujer ejercieron presión para lograr la aprobación de leyes que cubrieran las necesidades básicas y urgentes de las mujeres”, dice Tsen Chao-yuan, secretaria general del grupo no gubernamental, Fundación Awakening, en alusión a las dos leyes históricas. Luego, se centraron en otros asuntos, que al igual que las leyes antes mencionadas, surgieron debido a necesidades y tendencias sociales. Entre estos, se encuentran varias enmiendas al Código Civil, que consagra el derecho de familia. Un ejemplo es la enmienda a los derechos de propiedad personal para las mujeres casadas, que fue aprobada en 2002. Anteriormente, los bienes personales de una mujer casada eran propiedad conjunta de ella y su marido, sobre los que este último tenía más autoridad. Ahora, el esposo y la esposa conservan la propiedad separada de cualquier activo personal, lo que significa que ninguno puede disponer libremente de la propiedad del otro y causar pérdidas financieras a su cónyuge, por ejemplo, en casos de divorcio. La enmienda tiene gran importancia, en especial porque el índice de divorcio continúa aumentando increíblemente en Taiwan.
Además, según la enmienda, cualquiera de los cónyuges tiene derecho a exigir una compensación del otro por la realización de tareas domésticas en el hogar. La revisión tiene importancia simbólica porque reconoce el valor de las tareas domésticas, que ha sido subestimado durante mucho tiempo.
El Código Civil ha sido enmendado varias veces a través de los años a fin de promover la igualdad de géneros. El último cambio fue la enmienda del Artículo 1059 en mayo de 2007, que trata sobre el derecho a cambiar los apellidos. “A medida que aumenta el índice de divorcio, asimismo el número de niños que viven con madres solteras, y un mayor número de madres desea que sus hijos lleven el apellido materno”, dice Tsen, respecto a la tendencia social que impulsó la enmienda. Antes, no había forma de cambiar el apellido paterno por el de la madre, excepto en el caso de que en la familia de la madre no hubiesen hijos varones. La enmienda elimina esa prohibición; no obstante, se necesita la aprobación del padre para cambiar el apellido en algunos casos.
“A medida que la estructura legal es cada vez más completa, se observan diferencias en cuanto a los derechos humanos de las mujeres”, dice Tseng. Por ejemplo, en 2007, hubo 135.000 parejas de recién casados en Taiwan, de las que en alrededor del 16 por ciento, uno de los cónyuges era inmigrante. La mayoría eran mujeres de China y el Sureste Asiático. Por lo tanto, la Ley de Inmigración fue revisada para tomar en cuenta el tema de la violencia doméstica.
Como requisito para poder solicitar la ciudadanía de Taiwan, las inmigrantes deben esperar un período de por lo menos tres años, desde el momento en que contraen matrimonio. Mientras tanto, pueden vivir en el país con un certificado de residencia, cuya duración depende de la del matrimonio. En el pasado, si el matrimonio terminaba por cualquier motivo antes de que el inmigrante obtuviese la ciudadanía, éste, generalmente la mujer, tenía que abandonar el país, e incluso hasta dejar a sus hijos. En general, esto significó que muchas inmigrantes se vieron obligadas a tolerar la violencia doméstica para poder mantener sus derechos a la residencia en el país.
Gracias a la enmienda, una víctima de violencia doméstica que no tenga aún la ciudadanía, puede mantener ahora el derecho a domicilio siempre que se haya expedido una orden de alejamiento contra su esposo, o una sentencia de divorcio, y tenga hijos menores de edad.
“Ahora, las víctimas de violencia doméstica están más dispuestas a reportar los casos a la policía, y sus esposos deben pensarlo dos veces antes de perpetrar actos de violencia”, dice Tsen, en referencia a uno de los aspectos positivos de la enmienda.
El arte del compromiso
En la lucha por los derechos totales para la mujer no siempre es fácil alcanzar la meta final. A menudo, una ley nueva es el resultado del acuerdo entre los activistas y la asamblea legislativa. Tomemos como ejemplo, la Ley sobre Igualdad de Géneros en el Trabajo. Según Tsen, la ley fue aprobada por la asamblea legislativa en 2001, alrededor de 12 años después de que la Fundación Awakening ejerciera presión para su aprobación. Aún así, la organización tuvo que conformarse con una versión donde muchas de las cláusulas disciplinarias de la ley propuesta, fueron eliminadas debido a la presión del sector comercial. “En consecuencia, la ley resultó ser bastante menos efectiva de lo originalmente propuesto; aunque por otra parte, el nacimiento de la ley misma ya es importante, porque ésta educa al público sobre el tema de la igualdad de géneros en el trabajo”, dice Tsen.
Una enmienda de la ley se aprobó en diciembre de 2007. Además de las estipulaciones pertinentes a los dos años de baja maternal, después de más de un año de trabajo en cualquier empresa —anteriormente la ley sólo se aplicaba a aquellos en compañías medianas y grandes— también incorporó penas importantes. En la actualidad, se pueden imponer multas entre NT$10.000 (US$310) y NT$100.000 (US$3.100) a los patronos por negarse a conceder la baja maternal, paternal o menstrual. La multa máxima por otros casos de discriminación de género también incrementó de NT$100.000 (US$3.100) a NT$500.000 (US$15.600).
Pero las “omisiones” de una ley no son las únicas razones de su ineficacia. Los trabajadores sociales, que tienen la tarea de brindar ayuda, enfrentan algunas veces cargas de trabajo excesivas y pesadas, lo que dificulta cumplir con las estipulaciones en su totalidad. Se supone que todos los gobiernos locales deben tener una unidad encargada de los casos de violencia doméstica. Pero por la escasez de personal, a menudo sólo tres trabajadores sociales se encargan de servir a cientos de miles de personas, dice Tsen, de la Fundación Awakening. La buena noticia es que las organizaciones no gubernamentales, tales como MWF comparten esta tarea, proporcionándoles recursos humanos. El grupo coopera con las agencias gubernamentales, y ya estableció unidades de servicio en cinco cortes de distrito en Taiwan. La primera de éstas comenzó a funcionar en 2001, y la primera unidad de servicio en una oficina del fiscal, apareció en Miaoli, en el centro de Taiwan, el año pasado.
Observación de la actitud
“Muchos agentes del orden público tienen una actitud desfasada ante la violencia doméstica”, dice Tsen, de la Fundación Awakening. Por tradición, la sociedad anima a que las parejas mantengan la unión, y no busquen la separación. En consecuencia, en algunos casos la policía no hace mucho caso a algunas víctimas que acuden a reportar un caso, dice ella. Esto hace que se sientan aisladas y aún más deprimidas. Además, los casos de violencia doméstica se consideran “asuntos de familia” que la pareja debería resolver en privado. “Algunas veces, incluso los trabajadores sociales tienen este tipo de actitud”, dice ella.
Mientras tanto, Lee, de MWF, teme que las revisiones al Código Penal, en cuanto a las violaciones podrían generar más trauma a las víctimas del ataque. En 2001, entraron en vigor los cambios del código. Según estos, los sospechosos de violación deben enjuiciarse públicamente. Anteriormente, los casos de agresión sexual se procesaban mediante una querella presentada por la ofendida. Lee dice que le preocupan las víctimas en estos casos, porque se les exige que presten declaraciones sobre el ataque, y deben someterse a interrogatorios, realizados por la policía, médicos y fiscales.
“Muchas víctimas me han dicho que la experiencia de recordar todos aquellos detalles es casi tan insoportable como el mismo acto de violación”, dice Lee.
En consecuencia, MWF ejerce presión para que se realice un interrogatorio efectivo por parte de los trabajadores sociales, policía, médicos y fiscales, antes del comienzo del juicio para que la víctima sólo tenga que relatar la experiencia una sola vez. Los mecanismos formales para esto están vigentes, pero, en la práctica el trabajo de coordinación necesario para lograrlo, no es apropiado, según fuentes de MWF.
La Asociación para la Promoción de los Derechos de la Mujer de Taipei (TAPWR, siglas en inglés) es otra organización no gubernamental local para la mujer, y se encarga de proteger los derechos a la educación de las menores embarazadas, aun cuando estos derechos ya se consagraron en la Ley sobre la Igualdad de Géneros en la Educación en 2004. A partir de su experiencia en la comunicación con docentes y adolescentes, Chien Shu-pei, secretaria general de TAPWR, dice que muchas no están al tanto del recién obtenido derecho de las jóvenes embarazadas a permanecer en la escuela. Chien dice que aunque algunos profesores conocen las estipulaciones de la ley, mantienen una actitud negativa hacia las menores embarazadas, y por lo tanto, no las tratan de forma amable. En consecuencia, las estudiantes embarazadas deciden generalmente dejar la escuela. Estas chicas que abandonan los estudios, se les dificulta enormemente la búsqueda de empleo decente, lo que empeora su situación para criar a sus hijos. Esto es muy preocupante en Taiwan, que posee la tasa de embarazos de adolescentes más alta en Asia, con casi 1,3 por ciento en 2005. “Pero, ¿cómo podemos ayudar a estas jóvenes?” pregunta Chien. “La educación sexual en Taiwan no es lo suficientemente completa, por eso las jóvenes saben poco sobre anticonceptivos, y como se les enseña que tradicionalmente la mujer debe respetar la opinión del hombre, estas jóvenes no tienen el valor de pedir a sus novios que usen preservativos”, dice ella.
La perspectiva de la sociedad hacia las mujeres no va a cambiar de un día para otro, y el feminismo provoca generalmente “una reacción emotiva” ; sin embargo, el personal de TAPWR mantiene el optimismo. El año pasado, el grupo comenzó a organizar talleres de trabajo alrededor de Taiwan, para conversar con los docentes acerca de la igualdad de géneros en las escuelas. Este año, ha planificado el inicio de la comunicación con los departamentos de educación del gobierno para discutir el asunto.
En 2006, las organizaciones no gubernamentales sopesaron nuevamente las reglamentaciones propuestas que enfocan el tema de la mujer. Debido a las exigencias de ciertos grupos religiosos en Taiwan, el Yuan Ejecutivo propuso una enmienda a la Ley de Salud Genética, que exige a la mujer que desee realizarse un aborto, un período de reconsideración de tres días, después de consultar al médico por primera vez. La mayoría de las activistas se opone a esta propuesta, porque según su opinión, viola la autonomía de la mujer. Entretanto, los grupos religiosos dicen que el período debería extenderse a seis días. Gracias a la firme oposición de las organizaciones no gubernamentales, la controvertida enmienda aún tiene que someterse a deliberación en la asamblea legislativa.
Además de las organizaciones no gubernamentales, tales como la Fundación Awakening y TAPWR, que ejercen presión para lograr la aprobación de leyes, el progreso alcanzado por el Gobierno también ha sido alentador. En 1995, el Gobierno comisionó una línea telefónica de emergencia de 24 horas, para atender los casos de abuso infantil, seguida dos años después por otra línea para mujeres maltratadas. A partir de 2001, se destinó el número “113”, que es fácil de recordar, a la línea telefónica de emergencia, actualmente a cargo de World Vision Taiwan. Esta ofrece ayuda a todas las víctimas de violencia doméstica y agravio sexual en diferentes idiomas, entre estos, mandarín, inglés, y cuatro idiomas del sureste asiático.
El Yuan Ejecutivo estableció el Comité para Promover los Derechos de la Mujer (WRPC, siglas en inglés) en 1997, donde los miembros de las organizaciones no gubernamentales pueden discutir con regularidad los asuntos que afectan a la mujer. “Las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel bastante importante, como supervisoras del proceso de creación de políticas del Gobierno”, dice Lee Mei-jen, directora ejecutiva del Departamento de Asuntos Sociales, del Ministerio del Interior (MOI, siglas en inglés), que estableció una unidad para los asuntos de la mujer en septiembre de 2000.
Asimismo, el Centro para la Mujer de Taiwan empezó sus operaciones el 8 de marzo de este año —el Día Internacional de la Mujer. El centro, que se encuentra directamente bajo el WRPC, del Yuan Ejecutivo, está previsto como una ventana para que Taiwan se relacione con el mundo en lo referente a los asuntos de la mujer, y también cuenta con un centro de exhibiciones e información, donde los visitantes pueden hallar información referente al progreso de Taiwan en el área de los derechos de la mujer.
Parece que los años de investigación e interacción con las organizaciones no gubernamentales han cosechado frutos. “El factor del género es una importante consideración para los responsables de la creación de políticas en los últimos años ”, dice Lee, de MOI.
Un ejemplo práctico es la reconsideración del MOI en cuanto a las obras de construcción de baños públicos. Debido a las diferencias entre ambos sexos, las mujeres pasan más tiempo que los hombres en el baño, en consecuencia, se forman largas filas en las instalaciones para mujeres. Por lo tanto, a partir de 2006, la Administración para la Construcción y Planificación, del MOI, implementó una política para construir instalaciones más cómodas para las mujeres en los edificios públicos. Para esto, se hizo un cambio en la proporción de baños para hombres y mujeres, a un promedio de un baño de hombre por tres de mujeres.
Entre tanto, el WRPC se propuso el objetivo de lograr la representación equitativa de los miembros de ambos sexos, en todos los comités encargados de tomar decisiones en las agencias gubernamentales del Yuan Ejecutivo, y que ningún género tenga más de dos tercios del total de miembros de un comité. Hasta la fecha, ya 283 comités han logrado este estándar, o el 53,8 por ciento de todos los comités en el nivel del gobierno central.
Poder político
Un mayor porcentaje de mujeres participa en el Yuan Legislativo, el cuerpo legislativo de Taiwan. En la pasada asamblea legislativa, que sirvió desde 2004 hasta enero de este año, las mujeres ocupaban alrededor del 20 por ciento de sus 225 miembros. Esto se elevó al 30 por ciento —un nuevo récord en Taiwan— en la recién elegida asamblea legislativa, que tomó posesión el 1 de febrero. De los 113 escaños del ahora reducido cuerpo legislativo, 34 fueron reservados a mujeres. A medida que la voz de la mujer cobra más fuerza en los cargos políticos, Tsen, de la Fundación Awakening, espera que se tomen en consideración más proyectos de ley pertinentes al bienestar de la mujer.
Aún así, el resultado de las elecciones legislativas celebradas el 12 de enero, fue una especie de sorpresa para las activistas de los derechos de la mujer. En el pasado, los legisladores se elegían mediante un “sistema de escaños múltiples” y los votantes seleccionaban uno o varios representantes para el escaño o escaños de un solo distrito. Muchos creyeron que para las mujeres, este sistema era más favorable que el nuevo. Después de las últimas reformas electorales, la elección realizada en enero adoptó un sistema de “dos votos”, según el que un votante emite un voto para un solo representante por distrito, y otro para un partido político. Entonces, se elige un representante por cada distrito, y se distribuyen varios escaños por representación proporcional, conforme al número de votos que obtenga cada partido. Según este sistema, la mitad de los 34 escaños de la asamblea legislativa se reservan para mujeres, pero Tsen dice que le preocupaba que las candidatas ganaran pocos de los escaños de distrito, y sólo les quedaran los 17 escaños de representación proporcional, o sea, el 15 por ciento del total de legisladores. Pero, al final de las elecciones, las mujeres lograron 17 escaños por representación proporcional y 17 escaños de distrito.
“Temíamos que el porcentaje de legisladoras sería menor que antes”, dice Tsen. “Tradicionalmente, la gente piensa que un hombre, no una mujer, debería representar un distrito”, explica.
A juzgar por los resultados de la elección, quizás esta noción sexista ya sea algo del pasado, a medida que Taiwan se une a la tendencia mundial de la igualdad de géneros. La dirección hacia la igualdad de géneros es clara, a pesar de los obstáculos ocasionales en el camino. Para alcanzar la meta de garantizar los derechos de la mujer, Taiwan necesita una base legal más sólida y cambios más profundos en las actitudes; sin embargo, la tendencia de crear un ambiente mejor para la mujer parece indudablemente irreversible.