ntes de concluir su reciente sesión el 13 de los corrientes, el Yuan Legislativo aprobó leyes que autorizan al Gobierno a imponer sanciones a las personas que diseminen enfermedades contagiosas teniendo pleno conocimiento de sus acciones, así como aquellas personas que divulguen rumores acerca de tales enfermedades. El ente legislativo también aprobó una legislación para garantizar el ofrecimiento de ayuda legal al público.
En una clara respuesta al brote epidémico del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, siglas en inglés) ocurrido el año pasado, la enmienda al Acta para la Prevención y el Control de Enfermedades Contagiosas impone una multa de hasta 14.750 dólares estadounidenses o condena de prisión de hasta tres años para aquellas personas que hayan sido encontradas culpables de transmitir alguna enfermedad contagiosa estatutoria del tipo 1, tal como sería el caso del SARS, ya sea en forma intencional y maliciosa, o por negligencia.
De igual manera, las personas y medios de comunicación que hayan sido descubiertos diseminando informaciones falsas acerca de las epidemias estarán sujetas a una multa de hasta 14.750 dólares, siempre que se pueda comprobar que dichas informaciones han causado daños a otros. Más aún, cualquier medio de comunicación que rehuse corregir las falsas informaciones acerca de enfermedades se enfrentará a multas de entre 2.655 a 13.275 dólares.
La ley también enfoca en las personas que se les descubra acaparando suministros médicos durante un brote epidémico, así como aquellas que suben los precios en tales suministros para aprovecharse de la epidemia. Los ofensores se enfrentarán a sentencias de hasta siete años en prisión y multas de hasta 147.500 dólares. El reglamento entrará en vigencia cada vez que el Gobierno Central establezca un centro ad hoc de control de enfermedades y requise suministros médicos específicos.
La enmienda obliga al Gobierno Central a dar en forma oportuna conocimiento público de todas las informaciones acerca de la epidemia. Los gobiernos a nivel municipal y de distrito están encargados de informar al público acerca de brotes de enfermedades contagiosas de tipo 2, tales como el dengue y la malaria; así como aquéllos de tipo 3, tales como la gripe.
El Yuan Legislativo también aprobó la Ley de Asistencia Legal. La ley fue un compromiso entre los ramos legislativo, ejecutivo y judicial, ya que hubo una resistencia inicial de los funcionarios encargados de finanzas al insistir que la misma impondría una carga muy pesada en el presupuesto del Gobierno.
Bajo la ley, se exige que el Gobierno desenbolse un total de 295 millones de dólares en un período de 20 años para crear una fundación de asistencia legal que ofrezca ayuda a cualquier persona que no se encuentre en posición para contratar un abogado.
Esta fundación tendrá oficinas en toda la isla y ofrecerá consejería legal, arbitraje y defensores públicos. La ley se aplica a los refugiados desnacionalizados, ciudadanos de China continental, Hong Kong y Macao, así como otros extranjeros que tengan residencia legal en Taiwan.
"Preocupados por el alto costo de una litigación, la gente pobre generalmente se ve forzada a desistir de su derecho de defensa", manifestó un funcionario del Yuan Judicial. "La ley procura permitir que las partes contendientes, indistintamente sean ricos o pobres, puedan ser iguales ante la ley".
Para los acusados que no puedan contratar abogados, hay disponibles abogados designados por la corte en Taiwan; pero según fuentes del Yuan Judicial, el sistema es generalmente inadecuado, ya que la pesada carga de trabajo le da apenas tiempo a los defensores públicos para leer los expedientes y discutir los casos con sus clientes. Estadísticas oficiales indican que hubo 11.750 casos donde fue necesaria la defensa pública en 2001, lo que significa que cada uno de los 51 abogados públicos tuvo que atender más de 26 casos mensualmente.