Taiwan Today

La corrupción oficial consti­tuye el más grave problema social para China continental, según se pudo establecer mediante una encuesta en la cual las dos terceras partes de los interrogados expresó asimismo sus temores de que la creciente inflación conduzca a una no menos grave agitación social, de acuerdo con una información de la Agencia Associated Press fechada en Pekín. La encuesta, efectuada entre casi 10.000 trabajadores de 16 ciudades, reveló que un 46 por ciento de las personas entrevis­tadas calificó como el más grave problema social a las mal­versaciones y casos de sobornos cometidos por funcionarios del gobierno. Otro 35,4 por ciento se refirió a la renuencia de la gente a hacer frente al pandil­lismo callejero ú otras clases de delitos en la vía pública. La encuesta fue patrocinada por el Instituto de Sociología de la Academia China de Ciencias Sociales y la Oficina de Estadís­ticas del Estado, ambas del con­tinente. Los resultados fueron publicados en el semanario "Liaowang" (Panorama) y en la edición del pasado sábado 11 del periódico oficial "China Daily" (Diario de China). El semanario citado comentó que la encuesta reveló que la corrupción y otras faltas de con­ducta "estaban perjudicando la imagen de los 48 millones de miembros del Partido Comunista". Un 63 por ciento de los encuestados manifestó asimismo que la comisión de "hechos im­propios" por miembros del par­tido constituía un problema po­lítico grave. Un 28 por ciento expresó su creencia de que las afirmaciones del partido con respecto a elecciones democrá­ticas son nada más que propa­ganda y carecen totalmente de veracidad. Pero quizá lo más notable sea que un 45 por ciento de los interrogados son miembros del propio Partido Comunista Chino. La encuesta reveló también que un 61 por ciento estima que los funcionarios abusan de su posición y poder para extraer ventajas personales, con abso­luto desprecio por la ley. Las autoridades comunistas chinas han reconocido que el abuso del poder por funciona­rios es un grave efecto colateral, emanado de las reformas que acordaron a los gobiernos lo­cales mayor autonomía sobre las cuestiones económicas. De acuerdo con el Ministerio de Supervisión, hubo funcionarios del gobierno implicados en un 53 por ciento de casos de so­borno, y un 75 por ciento de las personas condenadas a prisión por delitos económicos son asi­mismo empleados públicos. Un 94 por ciento de los en­cuestados sostuvo que sus ingresos no guardan relación con la inflación, a la que oficial­mente se estimó en el 20 por ciento durante el año pasado, pero que según se afirma fue mucho más elevada. Interrogados acerca de si ul­teriores aumentos de precios podrían conducir a la agitación social, un 64,1 por ciento con­testó que sí. Asimismo que, a la par con el 35,3 por ciento que mencionó la brecha creciente entre precios e ingresos como fuente potencial de problemas sociales, un 23,4 por ciento se declaró preocupado por la falta de mejoras en la conducta y há­bitos de los miembros del partido. Entre otras cuestiones sociales, un 35 por ciento manifestó estar preocupado por los desórdenes en lugares públicos, un 28 por ciento por la baja cali­dad de los bienes de consumo y un 20 por ciento por la falta de equidad en las políticas de adjudicación de viviendas.