El Yuan Legislativo aprobó el 22 de enero las enmiendas al Acta para el Control de la Contaminación del Agua, donde se consagra que los dueños de negocios que causen muertes por descargar ilegalmente aguas o desechos tóxicos pueden recibir condenas de cadena perpetua más una multa de un millón de dólares estadounidenses.
Las enmiendas incluyen disposiciones para proteger a los denunciantes, anular la transferencia de propiedades por parte de empresas involucradas, así como el rastreo de propiedades del acusado que hayan sido traspasadas a terceras partes, con el fin de asegurar que los contaminadores condenados no tengan forma de evadir la justicia.
El reforzamiento de la citada ley surgió después de un descontento popular por la pequeña multa, de apenas 20 mil dólares estadounidenses, impuesta en 2013 a Advanced Semiconductor Engineering, Inc., cuando la empresa fue descubierta vertiendo aguas residuales tóxicas a un río en Kaohsiung.
Las revisiones acarrean ahora sanciones para quienes descarguen aguas residuales que causen enfermedades o malestares, a siete años en prisión más una multa de 667 mil dólares estadounidenses.
Quienes causen muertes por desechar material tóxico, se enfrentarán a condenas de siete años a prisión perpetua, acompañadas con una multa de un millón de dólares estadounidenses. A la vez, los agentes o empleados que fueron responsables de descargar el material tóxico serán multados por un monto de diez veces la cantidad impuesta a sus jefes, lo que podría ascender a diez millones de dólares estadounidenses.
Los legisladores también se aseguraron de que los culpables no obtengan ganancias de la contaminación del medio ambiente, añadiendo una cláusula que obliga la compensación a las víctimas con las ganancias ilícitas acumuladas o de otra forma, tales ganancias serán decomisadas.
La Administración para la Protección del Medio Ambiente será la entidad encargada de evaluar y calcular la indemnización para cada víctima.
Otro aspecto de las enmiendas es que autoriza a los encargados de implementación de la ley a localizar todas las propiedades que tienen o hayan tenido los acusados, incluyendo aquéllas que hayan sido registradas a nombre de una tercera persona.
Si el denunciante es un empleado, quedará bajo protección legal, y sus patronos no podrán despedirlo, degradarlo o reducirle el salario. Para instar a que los ciudadanos denuncien este tipo de actividad ilegal, se establecerá un presupuesto especial para ofrecer recompensas en efectivo a los informantes.