02/05/2024

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Taiwán Hoy

Tensiones en torno a la ley y el orden

01/03/1990
FOTO DE HUANG CHOUNG-SIN Las manifestaciones callejeras se han convertido, para muchas personas, en la alternativa más fácil para exteriorizar sus agravios.
Uno de los temas más discutidos du­rante las elecciones del año pasado fue la creciente preocupación pública por el de­terioro de la ley y el orden en Taiwan. Con la proposición de la "Ley Temporal sobre los Crimenes que ponen en peligro el Orden Social", el Gobierno de la Re­pública de China está mostrando su de­terminación por frenar la creciente ola de actividades criminales que amenazan la seguridad de la sociedad y el futuro de­sarrollo económico de Taiwan.

El borrador de la ley, que ha sido aprobado por el Yuan Ejecutivo (Gabi­nete) a mediados de noviembre pasado antes de ser remitido al Yuan Legislativo para su ratificación final, aumenta las condenas para los delincuentes con­victos. La propuesta ley tendrá vigencia por tres años, tiempo en que las autori­dades del Gobierno consideran que la ley y el orden retornarán a la normalidad, en parte debido a los efectos de las con­denas más fuertes.

FOTO DE HUANG CHOUNG-SIN

Con el incremento de las tensiones sociales, la misión de patrullaje de la policía ha de enfrentarse a mayores riesgos.

La severidad de la ley temporal, que ha añadido la pena de muerte como una opción para castigar ciertos malhechores convictos, refleja la creciente preocupa­ción del Gobierno y el público en general acerca del serio deterioro de la seguridad en la sociedad.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por las autoridades policiales, se reportaron un total de 2.987 crímenes serios en Taiwan durante 1987. Estos in­cluyen asesinatos, robos, secuestros y chantajes. Dicha cifra saltó a 3.836 en 1988, y durante los primeros 10 meses de 1989 ya alcanzaba 4.269.

La creciente ola criminal ha sido cau­sada por varias tendencias. En primer lugar, los desenfrenados juegos en dinero especulativo que han sacudido la sociedad en los últimos años han alterado considerablemente las actitudes que muchas personas tenían en torno a su trabajo y objetivos de la vida. Aparte de los diversos géneros de juegos de azar y

lotería ilegal, la Bolsa de Valores de Taiwan atrae ahora una atención abruma­dora, así como la participación de una gran proporción de la sociedad. El índice de la Bolsa saltó desde un nivel de 1.000 puntos en 1987 a más de 10.000 en sep­tiembre de 1989, subiendo nueve veces el total del valor de mercado de las com­pañías registradas a un agregado de US$222.000 millones.

Durante el mismo período, los pre­cios de la tierra estallaron y el costo pro­medio de la adquisición de un aparta­mento subió de US$79 por pie cuadrado a US$250. Como resultado, muchos es­peculadores en bienes raíces y bolsa de valores se transformaron en millonarios de la noche a la mañana, junto con los beneficios de poder vivir en casas lujosas y manejar elegantes autos importados.

De repente, el volverse rico de la noche a la mañana mediante una inteli­gente especulación se ha convertido en algo socialmente respetable, mientras que las personas que trabajan diligente­mente en los oficios tradicionales son vistos como tontos que tratan de ganarse su sustento diario ocupados en activi­dades obsoletas. La tendencia se ve más complicada con la expansión de ele­mentos criminales que desean saltar al tren expreso del dinero en grande y lo hacen usando la fuerza bruta.

El director general de la Adminis­tración Nacional de Policía, Lo Chang (羅張), dice que la creciente tasa de cri­minalidad se debe principalmente al deseo de volverse rico rápidamente por cualquier medio que sea, incluyendo la violencia. El afirma que el 68 por ciento de los casos criminales en 1988 estuvie­ron relacionados con aspectos financieros.

Un segunda razón que explica el de­terioro de la seguridad en la sociedad es la súbita oleada de armas contrabande­adas a Taiwan, la mayor parte de ellas provenientes de China continental. Desde el levantamiento del Decreto de Emergencia en 1987, la responsabilidad del control de la línea costera de Taiwan fue transferida del Comando de la Guar­nición de Taiwan a la Administración Na­cional de Policía, que aparentemente no posee recursos humanos, experiencia y equipos adecuados para desempeñar este trabajo. Como resultado de ello, conti­nentales que buscan trabajo, disidentes en ultramar, artículos de contrabando provenientes del territorio continental, y lo más formidable, varios tipos de armas hechas en el continente, han eludido las patrullas costeras, en su mayor parte a bordo de botes pesqueros.

En una campaña de un mes de dura­ción en contra el crimen realizada a fines de 1989, la policía confiscó 4.360 armas a lo largo de la isla, incluyendo armas de fuego tan sofisticadas como la metralleta Uzi. Algunas autoridades policiales sos­pechan que los comunistas están propor­cionando deliberadamente a los malhe­chores locales con armas para perturbar la sociedad.

Una causa asociada con el decline de la ley y el orden es el aumento en el número de retos a la autoridad del Go­bierno después del levantamiento del Decreto de Emergencia en julio de 1987. Muchos políticos de la oposición han de­safiado abiertamente las reglas y regula­ciones del Gobierno y han llevado a cabo frecuentemente manifestaciones, tanto legales como ilegales. La policía se ha visto forzada a tener que apartar una por­ción sustancial de su potencial humano para enfrentarse a esos movimientos de masas, reduciendo por lo tanto su capaci­dad de manejar los asuntos criminales. Esos eventos también han ayudado a ge­nerar una falta de respeto generalizada en torno a la ley y el orden.

El deterioro de la ley y el orden ha afectado seriamente las vidas de los ciu­dadanos. Después de haber experimen­tado décadas de relativa seguridad, muchas personas temen ahora retornar a casa bien entrada la noche, incluso en taxi. Los padres, especialmente aquellos ricos, tienen también que preocuparse de que si sus niños serán secuestrados en camino hacia o de vuelta de la escuela. Hubo 79 casos de ecuestros de niños du­rante los primeros 11 meses de 1989.

Los hombres de negocio se encuen­tran entre la principales víctimas del crimen. Aquellos que se dedican al nego­cio de bienes raíces tienen que pagar fre­cuentemente grandes "cuotas de protec­ción" a los gángsteres o sufrir conse­cuencias desdichadas en sus personas o propiedades. Los dueños de casa dedi­cadas a la bolsa de valores y otros grandes jugadores en la Bolsa de Taiwan se han convertido en frecuentes blancos de chantaje. Otros hombres de negocio tienen también que preocuparse acerca de la posibilidad de ser secuestrados. Como resultado, muchos hombres de negocio están contratando guardias de seguridad y están sustituyendo los vehículos lujosos importados por carros hechos localmente. Los distribuidores de Mercedes Benz y otros automóviles lujosos han presenciado un sustancial de­ cline de su mercado.

Un caso de secuestro ampliamente divulgado a fines del año pasado ilustra lo grave del problema. Chang Kuo-ming, hijo del magnate de la navegación Y.F. Chang, presidente de la Evergreen Marine Corporation, fue secuestrado cuando iba en camino a casa desde la ofi­cina el 17 de noviembre de 1989. Después que su familia pagó un rescate de US$2 millones, una cantidad record, él fue liberado sano y salvo. La policía logró arrestar posteriormente a los tres criminales y recobró la mayor parte del dinero dado en rescate. Resultó ser que uno de los secuestradores era un ex­guardia de seguridad de la Evergreen cuya responsabilidades incluía hacer guardia en la residencia de Chang Kuo-ming.

Muchos funcionarios de alto rango en el Gobierno y prominentes hombres de negocio creen que el decline de la ley y el orden constituye la principal razón del decreciente deseo de los hombres de negocio locales de invertir en Taiwan. Ellos observan que a medida que más hombres de negocio caen presa de los chantajistas y secuestradores, más irán a buscar refugios seguros en el exterior para sus inversiones. Incluso el primer ministro Lee Huan ha declarado que el empeoramiento de las condiciones de se­guridad es la principal causa de la fuga de capital desde Taiwan. El también ha la­mentado el aumento de casos en que los delincuente armados van directamente a las oficinas para exigir dinero.

Además de la creación de la ley tem­poral, las autoridades están adoptando un número de otras medidas para frenar las actividades criminales. La Adminis­tración Nacional de Policía, por ejemplo, está formando una flota reforzada de guardacostas para combatir el contrabando, y desde agosto de 1989, las auto­ridades policiales locales han estado organizando activamente redes de seguridad comunitaria y movilizando a los resi­dentes para que ayuden a mantener la se­guridad en sus vecindarios. El Yuan Judi­cial ha instruido a las cortes para que actúen más rápidamente en el manejo de casos que involucran delitos graves para desalentar a los delincuentes potenciales, y otras dependencias del Gobierno están considerando incluir la labor forzada entre las principales condenas judiciales que se imparten a personas condenadas por portar armas de fuego o dedicarse al tráfico de arma.

Pero algunas personas han criticado la creación de la ley temporal como una acción que ataca al problema por el lado errado. Calificando la ley como una "ley para quitarle sus cabezas", Lin Shan-tien, Decano de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Chengchi, señala que en realidad no hay falta de penas severas en las leyes existente que se encargan de los delitos graves. El señala que durante los pri­mero 10 meses de 1989, las cortes ya han entenciado 62 personas a la pena ca­pital, comparadas con un promedio de ocho sentencias de muerte anuales en los 10 año anteriores.

Lin y otros críticos enfatizan en vez en la importancia de la certeza del castigo por medio de la solución de crímenes y traer a los culpables ante la justicia en forma expedita. También ayudaría a la si­tuación si los policías estuviesen exentos de muchos de su deberes triviales, tales como tener que revisar los registros fa­miliares, de modo que puedan dedicar todo su tiempo en actividades para com­batir el crimen.

El primer ministro Lee ha enfatizado en la naturaleza temporal de la propuesta ley, diciendo que ha sido formulada a pe­tición del público y los medios de comu­nicación. El admite que la solución final al problema radica en la educación fami­liar, en las escuela y en la sociedad como un todo.

Un componente indispensable para revertir el deterioro de la ley y el orden e combatir las desenfrenados juegos en dinero especulativo en Taiwan. Los mismo han conducido a una cada vez más ancha brecha de ingresos y ha sem­brado las semilla de la inestabilidad social, sacudiendo en forma especial la posición y confianza de la clase media. Muchos de ellos han llegado a darse cuenta que toda una vida de arduo tra­bajo no es suficiente para ganar suficiente dinero para comprar sus propias casas. Algunos economistas están ahora di­ciendo que esos juegos de dinero podrían frustrar el deseo de la República de China de unirse al rango de las naciones desarrolladas en el Siglo XXI.

Para contrarrestar el síndrome de los juegos en dinero especulativo, el Go­bierno tendrá que cambiar su política económica mediante un recorte de las crecientes reservas en divisas extranjeras y del enorme volumen de capital ocioso que están financiando los juegos en dinero especulativo. Se deberán liberali­zar más las importaciones y aumentar las inversiones públicas. También se deberá acelerar la privatización de las empresas estatales como una medida para absorber los fondos ociosos. Tales pasos deben ser coordinados con una política de vi­vienda a largo plazo y la construcción in­tensificada de instalaciones de trans­porte, los cuales irán a resolver las ra­zones principales del alto costo de la vi­vienda. Tales políticas deberán ser diri­gidas al desarrollo de áreas urbanas y rurales.

El deterioro de la ley y el orden es una consecuencia del desarrollo econó­mico desequilibrado y los inadecuados niveles de desarrollo social y cultural en Taiwan durante los años recientes de rápido crecimiento económico. La solu­ción de este problema irá a requerir de amplios esfuerzos en las áreas econó­mica, social y cultural. La propuesta ley temporal irá en el mejor de los casos, a comprar algún tiempo extra para el difícil trabajo que ha de venir. □

 

 

Más Garras Para La Ley

Las disposiciones recomendadas para la nueva "Ley Temporal sobre los Crímenes que ponen en peligro el Orden Social" han aumentado las condenas para los crímenes mayores. Los delin­cuentes convictos por robo podrán reci­bir condenas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua o pena de muerte, comparadas con las existentes condenas de siete años a cadena perpe­tua. Los extorsionadores se enfrentarán a condenas de 3 a 10 años en prisión, muy por encima de las existentes con­ denas de tres meses a cinco años. Si la extorsión incurrió en el uso de armas de fuego, los delincuentes condenados podrán recibir condenas que se extien­den de siete años a cadena perpetua. Aquellos que fabriquen, transporten o vendan armas automáticas o bombas, serán reos a condenas de más de siete años o cadena perpetua, en comparación con las condenas de más de cinco años de la ley actual.

Para ayudar a restaurar la autoridad pública, el borrador de ley estipula que aquellos que interfieran en la ejecución de los deberes de los funcionarios pú­blicos podrán ser sentenciados a un tér­mino de prisión máxima de cinco años, comparado con la actual condena de tres años. Aquellos que organicen tales ac­ciones de interferencia, así como los agi­tadores que se encuentren presentes, serán sujetos a un máximo de tres años de prisión, en vez del año que existe ahora.

La pena para aquellos que organicen o ayuden a organizar este tipo de crimen cuando vaya acompañado de violencia, se enfrentarán a términos de prisión que van desde tres a 10 años, en vez de uno a siete años. Si la acción criminal conduce a la muerte de un funcionario público, la condena será la pena de muerte o cadena perpetua. Si resulta en herida seria en la persona de un funcionario público, la condena será de 10 años a cadena perpe­tua, en vez de los tres a 10 años en actualidad.

El borrador también hace de la viola­ción un crimen sujeto a acusación pú­blica, sin tenerse que recibir una queja formal de la víctima antes de que se tome acción legal. □

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