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Aprueban enmiendas a Ley de Migración

06/12/2007

El Yuan Legislativo aprobó el 30 del mes pasado una serie de enmiendas a la Ley de Migración con el fin de ofrecer una mayor protección para los nuevos inmigrantes. Activistas de los derechos humanos recibieron la noticia coreando jubilosos lemas en las afueras de la Legislatura.

Ya que la ley enmendada añade disposiciones para prevenir el tráfico de personas y ofrece protección especial para los ciudadanos extranjeros y trabajadores inmigrantes que sean víctimas de actos delictivos, los activistas de los derechos humanos elogiaron las nuevas leyes como un enorme paso adelante en los derechos judiciales de Taiwan.

Según las nuevas disposiciones, los cónyuges extranjeros de ciudadanos locales que sean víctimas de violencia familiar y trabajadores inmigrantes que tengan conflictos con sus patronos locales ya no serán repatriados inmediatamente aunque su período de estadía legal expire. Pueden quedarse por un cierto período de tiempo con el fin de pedir la intervención de la justicia para su caso. Aún más, se llevarán a cabo audiencias públicas o sesiones de revisión para investigar dichos casos. En el pasado, la policía ejercía la toma de decisiones sobre dichas disputas.

Ahora las víctimas de violencia familiar pueden solicitar extender su estadía el tiempo necesario para los trámites de divorcio y custodia de sus hijos. Según el artículo 31 de la Ley de Migración, los cónyuges extranjeros que se hayan divorciado pueden permanecer en Taiwan para cuidar de sus hijos menores de 20 años, o si fueron víctimas de violencia familiar y obtuvieron una orden de restricción.

Por otro lado, los reglamentos que exigen un estado financiero de los cónyuges extranjeros cuando solicitan nacionalizarse en Taiwan serán flexibilizados con el propósito de beneficiar a los que tienen dificultades para obtener sus identificaciones taiwanesas, indicó la viceministra del Interior, Lin Mei-chu el día 30.

Lin explicó durante una conferencia de prensa que aparte de presentar los documentos relacionados con el pago de impuestos y estados financieros bancarios cuando solicitan una identificación, los cónyuges extranjeros de ciudadanos taiwaneses pueden también entregar otros cinco tipos de documentos para probar su habilidad o condición financiera.

Tales documentos incluyen aquéllos donde el patrono taiwanés del cónyuge extranjero indique el salario y tiempo de empleo; o que comprueben que la familia posee bienes mobiliarios o inmobiliarios por valor de al menos 24 veces el salario mínimo respectivamente. También puede presentar algún escrito emitido por agencias públicas que verifiquen las habilidades vocacionales de los cónyuges extranjeros; o certificados vocacionales del cónyuge local o de la familia acompañados de un escrito que pruebe que su familia es capaz de mantener al cónyuge extranjero que vive en Taiwan.

Dentro de los bienes mobiliarios se incluyen fondos, acciones de bolsa, bonos del Gobierno y seguros, mientras que el valor de las propiedades de bienes raíces puede probarse por medio de un informe de evaluación por un perito certificado en bienes raíces o por un recibo del impuesto territorial, señaló Lin.

Se espera que la flexibilización de los reglamentos beneficie a unos 78 mil cónyuges extranjeros que residen actualmente en Taiwan, pero que no han recibido identificación de Taiwan, indicó Lin.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Ministerio del Interior, hoy en día residen en la isla 58.356 cónyuges extranjeros naturalizados.

Anteriormente, una alianza formada para promover los derechos de los cónyuges extranjeros de ciudadanos taiwaneses realizó una manifestación el 2 del mes pasado para hacer un llamado a favor de abrogar una ley que exigía a los cónyuges presentar un estado financiero cuando solicitan la nacionalización.

Según la "Alianza Sin Dinero y Sin Estatus", compuesta por 37 grupos cívicos, hay cerca de 400 mil cónyuges extranjeros de ciudadanos locales, muchos de los cuales tienen dificultades en recibir una identificación ya que no cumplen los requisitos financieros mínimos.

Los representantes de la Alianza manifestaron que los cónyuges extranjeros provenientes del Sudeste Asiático y China continental deben presentar un estado financiero que demuestre que su familia posee al menos 12.693 dólares estadounidenses cuando solicitan una identificación, añadiendo que muchos de estos inmigrantes son de familias de bajos ingresos o menos privilegiadas, por lo que no son capaces de cumplir con este requisito.

Por otra parte, según las enmiendas a los reglamentos, los servicios de "casamenteros" para que los ciudadanos taiwaneses encuentren cónyuges en el extranjero serán vedados, y los que violen esta disposición enfrentarán multas de hasta 30 mil dólares estadounidenses. Se les dará un año de plazo para cerrar sus operaciones.

El legislador del Kuomintang, Hsu Chung-hsiung, quien propuso esta enmienda en colaboración con algunos de sus colegas del Partido Democrático Progresista y el Partido Pueblo Primero, declaró que se siente muy complacido con la aprobación de la ley, a la cual describió como un hito en los esfuerzos de Taiwan por proteger los derechos humanos.

Según Hsu, antes de esta enmienda, la Ley de Migración era más como una legislación policíaca que le indicaba a los nuevos inmigrantes lo que debían hacer o no. Los cambios aprobados el día 30 enfocan más en la protección de los derechos e intereses de todos los inmigrantes durante su estadía en Taiwan, opinó el legislador del principal partido de oposición.

Hsu afirmó que esta revisión es necesaria para fortalecer la capacidad de Taiwan con el fin de evitar el tráfico de personas al país y ayudar a proteger a las víctimas de este crimen.

La ley también contempla el derecho de reunión y de hacer manifestaciones de los inmigrantes. Las enmiendas también ofrecen condiciones más favorables para que los ciudadanos extranjeros con avanzada experiencia en alta tecnología o que hayan realizado contribuciones especiales a la sociedad, puedan obtener residencia permanente en Taiwan.

Igualmente incluye reglamentos que penalizan a los que discriminen a otras personas por su nacionalidad, raza, color de la piel, clase social o lugar de nacimiento.

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