La Oficina Presidencial debe promulgar la revisión de la ley en un plazo de diez días. Esta será efectiva tres días tras su promulgación y puede ser aplicada en quince días.
Los secretarios generales de los tres principales partidos de oposición se reunieron en la sede del Kuomintang (KMT) y discutieron el actual esfuerzo para destituir al presidente Chen Shui-bian.
Respondiendo a los informes de que los legisladores del Partido Democrático Progresista (DPP, siglas en inglés) intentarán presentar un voto de no confianza en el Gabinete si la moción de destitución presidencial es aprobada en el Yuan Legislativo, Jason C. Hu, portavoz del KMT, dijo que es muy raro que un partido gobernante se comporte de esta manera.
Frank Hsieh, presidente del DPP, excluyó la posibilidad de que su partido inicie una iniciativa para disolver su propio Gabinete, pero expresó su creencia de que si el Yuan Legislativo aprueba una moción de destitución contra el presidente Chen, y el Partido Pueblo Primero propone una moción de no confianza contra el primer ministro Chang Chun-hsiung, la opinión pública apoyará una moción para la disolución.
Un voto de no confianza daría lugar a elecciones legislativas prematuras.
Los legisladores propusieron enviar una petición al Yuan de Control para impugnar al Primer Ministro.
En una conferencia de prensa convocada el 7 de los corrientes en la Oficina de Información del Gobierno, el primer ministro Chang reiteró su opinión de que la reciente decisión del Gabinete para suspender la construcción de la cuarta planta nuclear no viola la ley ni la Constitución.
Chang indicó que el Yuan Ejecutivo cree que tiene el derecho de cambiar las partidas presupuestarias y arguyó que si la rama legislativa mantiene un punto de vista diferente, la disputa puede resolverse pidiéndole al Consejo de Grandes Jueces, la corte constitucional de la República de China, que emita una interpretación sobre el asunto. Los legisladores de oposición ya han hecho ésto, así que no hay necesidad de una lucha política sin fin, señaló.
Posteriormente, el 8 de este mes el Yuan Ejecutivo decidió solicitar al Consejo de Grandes Jueces una interpretación constitucional acerca de la legalidad de suspender el proyecto de la cuarta planta nuclear.
El primer ministro Chang dijo que el Yuan Ejecutivo entregará formalmente la petición para una interpretación constitucional después de que el Yuan Legislativo convoque su sesión general sobre asuntos relacionados.
Chang indicó que en vista del estancamiento político entre la Administración y la Legislatura causado el mes pasado por el polémico asunto de la planta nuclear, una interpretación constitucional es la única manera para calmar la tormenta política y retornar a la estabilidad social.
“No tenemos idea de cómo los Grandes Jueces interpretarán el asunto, pero es seguro que la Administración y la rama legislativa respetarán su decisión y ese es el mejor recurso para resolver las controversias”, manifestó Chang.
Dijo que el Gabinete ha decidido pedir una interpretación constitucional de su decisión para anular el proyecto porque opina que es legal, mientras que el Yuan Legislativo, controlado por el KMT, principal partido de oposición, determinó el 7 de los corrientes que la reciente decisión dada a conocer por el primer ministro Chang para suspender el proyecto es ilegal e inválida dado que el presupuesto para la construcción de la planta fue aprobado por el Yuan Legislativo años atrás.
Chang señaló que la solución de la controversia puede estar en manos del Consejo de Grandes Jueces y que las “interminables discusiones”, incluyendo la consideración de parte de los partidos de oposición de una moción para destituir al Presidente y a la vicepresidenta Annette Hsiu-lien Lu, son innecesarias.
Agregó que debido a que la decisión legislativa fue adoptada para satisfacer las demandas de las políticas administrativas, el Yuan Ejecutivo tiene el derecho de alterar la decisión legislativa si es necesario, señalando que después de un cuidadoso y extenso análisis, el Yuan Ejecutivo decidió anular el polémico proyecto, una medida que es totalmente “legal y constitucional”.