Taiwan Today

El Gobierno ha levantado la prohibición de regreso de 277 exiliados, con lo cual sólo quedan cinco en la "lista negra", después de la modificación de la Ley de Seguridad Nacional efectuada por el Yuan Legislativo el 7 de julio. Según la decisión, en el futuro, no serán autorizadas para regresar a la isla aquellas personas de quienes haya suficiente evidencia para creer que su presencia en la República de China puede dañar la seguridad nacional y social. Existen atenuantes para los chinos residentes en el extranjero que hayan tenido registros familiares asentados en Taiwan, pero no en China continental, a partir de 1949, ni hayan estado implicados en casos de violencia. El Gobierno de la República de China decidió definir con toda claridad la nómina de disidentes exiliados que no estarían autorizados para entrar en Taiwan. Para ello, la lista será enviada a los consulados de la República de China en el exterior, después de que la nueva ley tenga la firma del presidente Lee Teng-hui. Un ajuste de este tipo va en la línea de las solicitudes del Partido Democrático Progresista (DPP, siglas en inglés), que insistía en que se prohibiera la entrada sólo a las personas que tuvieran fichajes policiales por violencia. "Esperamos que este paso mejore nuestras relaciones con la oposición", expresó Wang Chin-ping, jefe de la bancada del Kuomintang. Sin embargo su homólogo del DPP, Lee Ching-hsiung, manifestó que todo taiwanés debería estar autorizado para entrar, incluidos aquellos sospechosos de terrorismo. Así, las autoridades podrían juzgarlos cuando ellos estén acá, dijo. La Ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 1987 y guarda relación con el Período de Movilización para la Supresión de la Rebelión Comunista. Controla las entradas y salidas de Taiwan, e impone revisiones de seguridad y otras medidas de control. Dado que el período de movilización fue terminado el año pasado, dicha ley ha sido considerada irrelevante. Pero no se canceló por la necesidad de mantener un control sobre la entrada y salida de las personas. La revisión eliminó el principio de que ninguna organización o individuo podrá actuar en contra de la Constitución. Mantiene, sin embargo, dos principios prohibitivos: uno respecto a la promoción del comunismo y el otro sobre el apoyo activo al separatismo en el territorio nacional.