El ministro de Justicia, Chiu Tai-san, anunció durante una audiencia en el Yuan Legislativo un plan para criminalizar la posesión de las llamadas “drogas que pueden ser empleadas para abusar sexualmente de otros”, más conocidas como FM2 en la República de China. Además, se impondrán penas más estrictas contra la posesión de ciertos tipos de drogas. El borrador de dicha enmienda se enviará en noviembre al Yuan Legislativo para su discusión en noviembre.
En Taiwan, legalmente se clasifica a las drogas dentro de cuatro categorías, a saber:
• Clase 1: Por ejemplo heroína, morfina, opio, cocaína
• Clase 2: De la clase de anfetaminas, marihuana (Cannabis), MDMA, lisérgicos (por ejemplo LSD)
• Clase 3: Entre ellas Triazolam (Halcion), flunitrazepam (Rohypnol) o drogas que se usan para causar inconciencia y pudieran empleadas con el propósito de abusar de las personas, ketamina
• Clase 4: Como Alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), 5-MeO-DIPT
De acuerdo con el proyecto de enmienda a la Ley de prevención de drogas, se cambiará la definición de drogas ilegales en dos categorías. Primeramente, la posesión de drogas de Clase 1 y 2 con un peso bruto de entre 10 y 20 gramos respectivamente estará sujeta a un castigo agravado, en lugar de calcular el peso bruto por pureza. El peso utilizado cuando se penalizan crímenes relacionados con estupefacientes generalmente se basa en el peso bruto del producto total. De esta forma, se redefinen las sustancias ilegales como “drogas” en lugar de “drogas puras”.
En la actualidad, la posesión de drogas Clase 1 y 2 conlleva a una pena de cárcel de seis meses a siete años, y multas de 23 a 33 mil dólares estadounidenses.
Asimismo, la criminalización de la posesión de drogas Clase 3 y 4 basadas en el peso bruto por pureza será enmendada a la baja, de 20 gramos a 5 gramos. De esta forma, se reducirá el umbral de la cantidad de drogas de Clase 3 y 4 que podrían conducir a una condena, señaló Chiu.
Por otro lado, Chang Tou-hui, viceministro de Justicia, informó que el Gabinete asignó un fondo de casi seis millones de dólares estadounidenses al presupuesto del Ministerio de Justicia, para comprar equipos de prueba de drogas y emplear personal capacitado para tal trabajo, a fin de aumentar su capacidad de hacer pruebas a los nuevos estupefacientes, como parte del creciente esfuerzo del Gobierno por combatir los delitos relacionados con las drogas.