30/04/2024

Taiwan Today

Taiwán Hoy

La isla de la esperanza

01/09/2001
El activismo ha ganado un lugar en la sociedad de Taiwan. La gente está más deseosa de hacer públicas sus demandas y los medios de comunicación están dispuestos a documentar tales eventos.

a Isla Verde se encuentra cerca de la costa sureste de Taiwan, frente al Distrito de Taitung. Como su nombre lo sugiere, es en muchos aspectos un encantador lugar verde, y se están llevando a cabo esfuerzos para convertirla en un sitio turístico. Un lugar que pueden visitar los turistas es un monumento, erigido bajo el patrocinio de la Fundación para la Educación de los Derechos Humanos, fundada en 1994, con el fin de elevar la conciencia sobre los derechos humanos. Este, el primer monumento a los derechos humanos construido en Asia, fue inaugurado oficialmente en diciembre de 1999 y su ubicación allí no es por accidente. Fue en la Isla Verde donde muchas víctimas del Terror Blanco fueron llevadas a pasar largos años de encarcelamiento. El terror comenzó a finales de los años 1940 cuando la República de China declaró la ley marcial, y finalizó con su derogación en 1987. Durante ese período, los derechos humanos virtualmente dejaron de existir en Taiwan. Muchos ciudadanos fueron sacados a la fuerza de sus casas y asesinados, encarcelados, o simplemente dejados podrir en la Isla Verde y docenas de campamentos para prisioneros parecidos.

“Los errores pasados del Gobierno son comprensibles y pueden ser perdonados, pero bajo ninguna circunstancia deben olvidarse”, enfatiza el escritor Bo Yang, quien fue también un recluso en la Isla Verde, y es actualmente presidente honorario de la Fundación para la Educación de los Derechos Humanos. “Si se olvidan, entonces volverán a ocurrir, a nosotros y a nuestros hijos. Si se trata de encubrirlos, distorsionar la historia o escapar de ella, la gente terminará cometiendo los mismos errores”.

La justicia ha tardado mucho en llegar. En 1995, el entonces presidente Lee Teng-hui pidió formalmente disculpas a los familiares de las víctimas del Terror Blanco y ordenó el establecimeinto de una fundación para tratar el asunto de la compensación. Este año, el presidente Chen Shui-bian dictaminó que los archivos del Gobierno sobre el Incidente del 28 de febrero debían hacerse accesibles a los investigadores. Sin embargo, éstas han sido sólo las últimas medidas en una larga trayectoria. Fue en 1986 con la formación del Partido Democrático Progresista (PDP), el primer partido de la oposición genuino de Taiwan, y la derogación de la ley marcial en 1987, que Taiwan emprendió una dirección totalmente nueva. Los cargos gubernamentales de mayor antigüedad fueron puestos a elección directa, y la mayoría de los derechos humanos básicos —libertad de expresión, derecho de reunión pacífica, y libertad de asociación— fueron afirmados gradualmente. No hay más prisioneros de conciencia, no más asesinatos extrajudiciales, y las libertades civiles, en general, son respetadas.

Todo esto es extraordinario, en vista de los antecedentes culturales. “A los niños aquí se les enseña a obedecer a sus padres, escuchar a su Gobierno, y cumplir con sus responsabilidades”, dice Brian Kennedy, un abogado estadounidense que escribe sobre el sistema judicial criminal y los derechos humanos de Taiwan. Con este tipo de educación, a los jóvenes se les hace difícil aprender a tratar a la gente de manera equitativa y aceptar sus responsabilidades como adultos.

La isla de la esperanza

Chen Shui-bian participa en las actividades para conmemorar el 54º Aniversario del Incidente del 28 de febrero.

Otro factor que no favoreció el desarrollo de los derechos humanos en Taiwan fue el aislamiento internacional. Cuando la República de China se retiró de las Naciones Unidas en 1971, en efecto, fue apartada del contacto fructífero con el ambiente internacional de los derechos humanos. ¿Cómo hubiesen sido las cosas si la República de China aún fuera miembro de las Naciones Unidas? Según Peter Huang, miembro del comité ejecutivo y ex presidente de la Asociación para los Derechos Humanos de Taiwan (TAHR, siglas en inglés), la situación sería muy diferente hoy día.

El enumera algunos ejemplos. Los gobiernos sucesivos hubieran tenido que formar una generación de funcionarios que supieran los aspectos prácticos de la legislación sobre derechos humanos. Los medios de comunicación hubieran tenido mucho más que escribir cada vez que la República de China diera su voto sobre un asunto pertinente a los derechos humanos, elevando en general la conciencia pública. Las agencias gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (NGOs, siglas en inglés) habrían participado en muchas conferencias, actividades, y proyectos relacionados con los derechos humanos de las Naciones Unidas. Taiwan también hubiese tenido que acceder a por lo menos las convenciones importantes y presentar los informes nacionales exigidos.

Frente a todo esto, lo más importante no es que Taiwan haya progresado poco, sino que ha hecho mucho. “Se supone que Taiwan experimentó una ‘revolución silenciosa’”, dice Huang. “De hecho, no fue silenciosa y tampoco una revolución. El Kuomintang (KMT) permaneció en el poder hasta el año pasado. Pero como se halló inmerso en la más reciente ola de democratización mundial, y gracias a la mayor presión popular a mediados de los años ochenta, tuvo que hacer concesiones y compromisos para mantenerse en el poder”.

ab Huang, profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Soochow, indica otros factores que colocaron presión sobre el KMT. “Gracias al aumento gradual de conciencia y activismo social, muchas NGOs, por ejemplo aquellas organizadas por los ambientalistas, mujeres, trabajadores, y aborígenes, tuvieron un efecto substancial”, explica. “El gobierno actual comprende que enfatizar los derechos humanos le ayudará a mejorar la imagen internacional de Taiwan, y al mismo tiempo marcará una diferencia con su arquirival, China”.

Para Huang, el fin de 1999 fue un momento muy significativo, en el que la atmósfera cambió. El especula que la nueva sensación en el aire tuvo quizás algo que ver con la venidera elección presidencial. Todo el mundo conocía los antecedentes históricos del PDP, cuyos muchos de sus miembros habían sufrido personalmente el Terror Blanco, y era algo inevitable que los derechos humanos ocuparan un lugar importante en la campaña. No fue sorpresa que los tres candidatos presidenciales trataran los derechos humanos en sus respectivas plataformas.

Luego, vino la elección presidencial, y la transferencia pacífica de poder de un partido a otro. En su discurso de toma de posesión, el 21 de mayo de 2000, que aparentemente tomó por sorpresa a la comunidad internacional, y recibió una cobertura de prensa muy favorable, el presidente Chen comprometió a Taiwan a mantener varios estándares internacionales, en particular los consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos de 1993.

El nuevo gobierno anunció que se encargaría de tres aspectos: solicitar al Legislativo la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, crear una comisión nacional independiente sobre derechos humanos, e invitar a la Amnestía Internacional y a la Comisión Internacional de Juristas para que brinden asesoría sobre la implementación de los asuntos pertinentes. En agosto del año pasado, el presidente Chen estableció también el comité asesor sobre asuntos de derechos humanos, presidido por la vice presidenta Annette Lu.

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Ante el descontento del pueblo, el Kuomintang a mediados de los años ochenta comenzó a implementar reformas políticas para poder mantenerse en el poder.

¿A qué ha comprometido exactamente a la isla el Presidente? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por las Naciones Unidas a finales de la Segunda Guerra Mundial, contiene treinta artículos que consagran que ciertos derechos deben ser disfrutados por todos los individuos, sin distinción de raza, sexo, idioma, o creencia religiosa (si se tiene alguna). En esencia, cada persona debe disfrutar del derecho a trabajar, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión, el derecho a la educación, el derecho a tratamiento médico y cuidados de salud, el derecho a participar en elecciones, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad u otra discapacidad.

Chai Sung-lin, presidente de la Asociación China para los Derechos Humanos, que fue creada ya a mediados de los años setenta, indica que esta larga lista es una especie de sorpresa para muchos taiwaneses. “Aquí, la gente asocia generalmente los derechos humanos con los prisioneros políticos, las listas negras, y las prohibiciones para formar partidos políticos. Pero, eso es demasiado limitado”, dice. “De hecho, el concepto de derechos humanos abarca cuatro campos principales: la supervivencia, la libertad, el bienestar y el interés común”.

Los derechos relacionados a la supervivencia son frecuentemente ignorados en Taiwan, cree Chai. No ha habido mucho progreso aquí en los últimos diez años. El orden público ha disminuido hasta el punto donde mucha gente se siente amenazada, especialmente las mujeres. En Taiwan se ha hecho más avance en las áreas de la libertad de expresión, prensa, asamblea, y asociación, aunque a veces parezca que la libertad de expresión es equivalente al supuesto derecho de invadir la privacidad y los derechos de los demás. Los derechos de asociación necesitan de mayor protección, según Chai, porque las reglamentaciones sobre el establecimiento de organizaciones civiles y entidades corporativas son demasiado estrictas. Además, los residentes necesitan aún presentar solicitudes ante la policía para llevar a cabo reuniones públicas.

El bienestar es otro asunto aparte. En esta área, por lo menos, han ocurrido mejoras substanciales, particularmente en las esferas de la educación y los cuidados médicos. Sin embargo, el Gobierno tiene aún que formular políticas consistentes y estables sobre el bienestar de los discapacitados y ancianos. La movilidad es todavía un problema importante para los discapacitados, y el Gobierno dice que no puede costear en el presente la implementación de un tan necesitado plan nacional de pensión.

ntonces, en estos últimos diez años, a Taiwan le ha ido bien en ciertas áreas pero no tan bien en otras. “Con el cambiante ambiente político, y en particular con la celebración de elecciones presidenciales directas, el derecho a participar en el proceso político ha sido asegurado”, dice Lin Feng-jeng, presidente de TAHR. “Esto, junto con otros derechos básicos, tales como la libertad de expresión y de asamblea, ha marcado la completación de la primera fase de arraigar los derechos humanos en Taiwan”.

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El Ministerio de Educación ha introducido la educación de derechos humanos en el sistema de nueve años de educación obligatoria, comenzando este año.

¿Qué le sigue? La TAHR, establecida en 1984, es una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de la isla. En sus primeros días, se dedicaba principalmente a la liberación de prisioneros políticos en colaboración con Amnestía Internacional. Pero ahora, adaptándose al cambio de necesidades, la asociación ha enfocado su atención en asuntos contemporáneos, tales como la abolición de la pena de muerte, lograr que los funcionarios de la policía y el personal militar se responsabilicen por abusos de derechos humanos, y la reforma judicial. La asociación organiza campañas sobre asuntos particulares y casos individuales después de recibir informes sobre abusos de derechos humanos por parte de víctimas o sus parientes. Lleva a cabo las investigaciones preliminares, remite a los particulares a canales convenientes para asistencia y, cuando es apropiado, moviliza apoyo internacional.

La asociación trabaja junto con otras NGOs domésticas, tales como las de mujeres, trabajadores, aborígenes, y niños. “En Taiwan no se pensó en este problema hasta los años noventa”, dice Lin. “En cambio, la comunidad internacional ya había tratado estos asuntos desde los años sesenta. Taiwan tiene que acelerar sus esfuerzos para mantenerse al nivel de los estándares y prácticas internacionales”.

Muchos observadores creen que la educación es la clave para acelerar estos esfuerzos. “La educación de los derechos humanos es prácticamente inexistente en Taiwan. La conciencia de los derechos humanos, o lo que nosotros podríamos llamar una mentalidad sobre los derechos humanos, tiene raíces poco profundas aquí”, indica Brian Kennedy. “Todavía ocurren casos de abusos serios de los derechos humanos a diario y el público tiene una actitud apática hacia este hecho”. En Taiwan, hay sólo un puñado de cursos sobre derechos humanos en aproximadamente 135 universidades y colegios universitarios. Los estudiantes de secundaria superior, por su parte, no aprenden casi nada sobre este asunto

Lin, de TAHR, está de acuerdo. El considera la educación algo más importante que trabajar en casos individuales de “rescate”. “La educación sirve para cultivar las raíces mismas de la conciencia sobre los derechos humanos”, dice. “Por ello, debería comenzar con los jóvenes estudiantes, porque algún día ellos serán la columna vertebral de la sociedad —muchos de ellos serán administradores, jueces y abogados”. Su organización espera igualmente ofrecer entrenamiento sobre derechos humanos para sectores profesionales específicos, incluyendo el judicial y el jurídico, la policía, los militares, educadores, y doctores.

Chai Sung-lin, de la Asociación China para los Derechos Humanos, cree también en la educación. “La tarea más urgente que enfrenta el Gobierno es la promoción de la educación de los derechos humanos, y debería comenzar en la escuela primaria”, dice. El Ministerio de Educación ya ha anunciado que la instrucción sobre derechos humanos será incorporada en el sistema de nueve años de educación obligatoria, comenzando a partir de este año.

En cumplimiento de las promesas sobre los derechos humanos, tras la elección del presidente Chen, se elaboró recientemente un proyecto para la Ley Básica de Derechos Humanos, redactada por un comité formado por empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia, y fue enviado al Gabinete para su revisión. El proyecto, cuyo propósito es consagrar el espíritu de la Declaración Internacional sobre Derechos y de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, tiene como fin proteger los derechos civiles, políticos, educativos, sociales y económicos de todos los ciudadanos. Ofrece protección específica a grupos tales como mujeres, niños, ancianos, población aborigen, también trata separadamente los derechos de los trabajadores y soldados. En caso de conflicto entre la ley básica y la reglamentación existente, prevalecerá la primera, y cualquier ley doméstica será enmendada o revocada si viola los principios establecidos por la ley básica.

Brian Kennedy cree que tal ley básica no tiene base en la estructura legal de la isla. “Lo que el público merece es un Convenio Constitucional de Derechos”, indica. “No otro conjunto de estatutos que probablemente serán ignorados por la policía”. Peter Huang cree que esta nueva ley general es necesaria, porque la reglamentación existente es poco sistemática y no lo suficientemente amplia, particularmente en lo que respecta a la privacidad personal. Muchos otros países, incluyendo Alemania y Canadá, poseen esas leyes.

Pero otros intelectuales y activistas incluyendo a Mab Huang y Lin Feng-jeng, no están de acuerdo. Ellos señalan que la nueva ley va a entrar en conflicto con muchas otras leyes, e incluso con la Constitución de la República de China, y por lo tanto, será una fuente de confusión. Ellos quieren que se le de prioridad al establecimiento de una comisión nacional independiente de derechos humanos, porque una vez que exista tal organización, ésta será capaz de colaborar con el Legislativo y las agencias gubernamentales para realizar una revisión de las leyes existentes y luego llevar a cabo las enmiendas necesarias.

No obstante, el formato definitivo de la comisión no se ha decidido todavía. Por el momento hay tres escenarios posibles, ofrecidos respectivamente por Mab Huang y su equipo de trabajo, la Comisión para Investigación, Desarrollo y Evaluación del Gabinete, y el KMT. Los proyectos tienen mucho en común, pero la diferencia se refiere a quién nombraría el personal de la comisión, y el campo de sus poderes de investigación. Lo que está claro es que las funciones de la comisión incluirán investigación de las presuntas violaciones de los derechos humanos, crear leyes en conformidad con los estándares internacionales, presentar informes regulares, y promover la educación de los derechos humanos. También hay acuerdo en que la comisión debe respetar los principios de independencia y efectividad, y debe actuar de manera que refleje la diversidad de la sociedad.

Está claro que las tareas de la comisión serán definidas, pero algunos críticos señalan que sus responsabilidades no son lo suficientemente amplias. Mab Huang enfatiza que no debería ocuparse únicamente de los derechos civiles y políticos, sino también ser capaz de investigar los abusos de los derechos culturales, económicos y sociales, especialmente los tocantes a los grupos desventajados. “Con el colapso del regimen autoritario anterior y el aumento de los nuevos movimientos sociales, los asuntos de los derechos económicos, sociales y culturales se han vuelto urgentes”, indica.

Desde otro punto de vista, ¿Cómo le está yendo a Taiwan en relación a “la diplomacia de derechos humanos”? Mab Huang no cree que Taiwan pueda enorgullecerse de mucho. “Las organizaciones sin fines de lucro (NPOs, siglas en inglés) tales como la Fundación Tzu Chi y algunos equipos de servicio médico se han ocupado con bastante frecuencia de misiones de rescate y ayuda en el extranjero”, dice. “Eso es lo que en Taiwan se ha hecho mejor. Pero la mayoría de las NPOs que se centran en los grupos desventajados están todavía en las etapas iniciales de desarrollo aquí, con recursos limitados para asuntos tales como los intercambios internacionales”. Esto es una lástima, porque las NGOs en todo el mundo han contribuido en gran medida al movimiento internacional de los derechos humanos y han establecido muchas redes internacionales. “Si queremos realmente promover la diplomacia de los derechos humanos, necesitamos colocar igual énfasis en el desarrollo tanto de las NGOs como de las NPOs”, sugiere. “En particular, el Gobierno debería usar más sus recursos para ayudar a las NGOs”.

Mucha gente cree que el valor verdadero de una nación depende del nivel que ocupan y mantienen sus derechos humanos. En Taiwan se ha logrado mucho, pero aún hay que hacer mucho más. “La tarea de los derechos humanos es un esfuerzo sin fin”, dice el escritor y activista Bo Yang. “Debemos estar alertas, porque de otra manera, se nos podrían quitar nuevamente estos derechos”.

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