Las prisiones son lugares de confinamiento donde los convictos pagan por los crímenes que han cometido. Sin sus derechos civiles, los prisioneros han tenido frecuentemente que aceptar condiciones inhumanas, alimentación inapropiada, castigos corporales y trabajos forzados, como parte del “paquete”. Esto comenzó a cambiar a finales de la Segunda Guerra Mundial con la publicación de varios documentos internacionales sobre derechos humanos. Algunos de éstos afirmaban que los prisioneros tienen los mismos derechos fundamentales que cualquier otra persona. La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, estipula que “todas las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con humanidad y respeto inherentes a la dignidad de la persona humana”.
Algunos otros documentos profundizan más sobre los derechos humanos de los prisioneros. Uno de los más explícitos son las Reglas de Estándar Mínimo para el Tratamiento de Prisioneros de las Naciones Unidas, que contiene un estándar para el alojamiento, alimentación, disciplina y castigo, ejercicio y deporte, servicios médicos, y comunicación con la comunidad exterior. La República de China fue uno de los países firmantes originales de estos documentos en 1955, pero debido a sus antecedentes históricos y políticos, Taiwan se halla detrás de los países desarrollados en cuanto a la protección de los derechos esenciales de los prisioneros.
Este asunto apenas ha recibido recientemente la atención del público, en particular desde la elección del primer presidente electo por voto directo en la isla. “La reforma judicial garantizará también el respeto total de todos los derechos humanos fundamentales, incluyendo los de los prisioneros”, dijo el ex presidente Lee Teng-hui en su discurso de toma de posesión en 1996, mientras que en su discurso de toma de posesión del año pasado, el presidente Chen Shui-bian prometió establecer una comisión nacional para los derechos humanos.
Algunos grupos internacionales de derechos humanos han comenzado a observar las condiciones de éstos en las prisiones de Taiwan. El Observatorio Internacional de Prisiones, con sede en Francia, por ejemplo, ha incluido a Taiwan en sus informes desde 1998. Igualmente, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos, y Trabajo de EE UU publica informes sobre las prácticas de derechos humanos en diferentes países; el capítulo de Taiwan examina las condiciones de las prisiones.
Las dos organizaciones no gubernamentales locales, la Asociación para Derechos Humanos de Taiwan (TAHR, siglas en inglés) y la Asociación China para los Derechos Humanos (CAHR, siglas en inglés) observan también las condiciones de las prisiones de la isla y publican los informes pertinentes. Desde 1991, CAHR ha realizado encuestas en las prisiones sobre la calidad del alojamiento, la alimentación, el servicio médico, la libertad de practicar la religión y la comunicación con la comunidad exterior. Asimismo, trata de determinar si se practica el castigo corporal, y si hay casos de corrupción entre los funcionarios de las prisiones.
Como parte de las encuestas, un grupo de funcionarios gubernamentales, expertos legales, entre ellos, abogados y profesores, y legisladores, califican el nivel de las condiciones de los derechos humanos durante tres etapas del proceso judicial —investigación, juicio, y cumplimiento de la condena. Desde 1997, con la autorización del Ministerio de Justicia (MOJ, siglas en inglés), CAHR ha encuestado a los reclusos de las cárceles sobre sus condiciones. El año pasado, fueron encuestados alrededor de 1.700 reclusos en dieciocho prisiones y centros de detención. Con el fin de obtener respuestas objetivas, el cuestionario no fue redactado ni realizado por el personal de prisiones. “Que nos permitieran entrar a las instituciones para realizar nosotros mismos las encuestas fue un paso importante hacia la protección de los derechos humanos”, dice Chang Hsueh-hai, miembro permanente del directorio de CAHR. “En vez de cerrarle las puertas a todo el mundo, estas instituciones están ahora más dispuestas a dejarse observar y examinar por la sociedad, y a hacer los cambios necesarios”.
Según los resultados de la encuesta de CAHR, en cuanto a los derechos humanos, la manera en que se aplica la pena ha recibido mejores calificaciones durante los últimos cinco años, en comparación con el proceso de investigación o el juicio de los prisioneros. El informe del año pasado indicó que las calificaciones más altas fueron en cuanto a la libertad de practicar la religión, leer, comunicarse con la comunidad exterior, y la carencia de trabajo forzado. En general, los prisioneros pueden hacer ejercicio físico durante treinta a sesenta minutos al día, una o dos veces por semana. Pueden recibir visitas familiares durante varias horas, antes y después de almuerzo, de lunes a viernes, y el primer domingo de cada mes. Tienen el privilegio de ver televisión, y pueden recibir material de lectura autorizado. Durante el tiempo entre el desayuno y el almuerzo, y luego entre el almuerzo y la cena, pueden participar en clases de religión o cursos de aprendizaje de destrezas, o realizar trabajos de fábrica. Cualquier dinero que ganen pueden usarlo para adquirir artículos personales o alimentos adicionales.
CAHR identificó entre los problemas más serios, el hacinamiento de reclusos, y la corrupción de los guardias de las prisiones. El hacinamiento ha sido un problema perenne. Las cincuenta instituciones criminales de Taiwan están divididas en seis categorías: prisiones, escuelas reformatorias juveniles, institutos de formación vocacional, centros de detención, centros de clasificación y detención juvenil, y centros de desintoxicación. A finales de 2000, había un total de 56.000 reclusos en estas instalaciones a nivel nacional —un exceso del 10 por ciento de la capacidad estipulada oficialmente. En teoría el MOJ concede 25 pies cuadrados para cada prisionero. En realidad el área de la celda no es tan espaciosa y varía dependiendo de la “popularidad” de la institución. Según las estadísticas del ministerio para el año 2000, el número de reclusos en las prisiones de Keelung, Taipei, y Changhua excedía sus capacidades oficiales en un 70 por ciento.
El incremento del número de criminales convictos es una de las principales razones del hacinamiento de las prisiones, pero también están los factores económicos. Noticias de periódico recientes sugieren que un mayor número de personas prefirió la prisión a tener que pagar multas. Comidas y alojamiento gratuitos son preferibles a vivir afuera, donde es difícil encontrar trabajo y las necesidades diarias son caras.
La corrupción entre los guardias de las prisiones es otro problema serio. Antes de 1993, cuando fumar en la prisión todavía estaba prohibido, la venta ilegal de cigarrillos era el negocio suplementario más común y rentable para los guardias. Vender a un mercado cautivo, los negociantes podían cobrar cien veces más por un paquete de cigarrillos. Se corre el rumor de que los reclusos podían pedir comidas de restaurantes de categoría, brandi XO, drogas y hasta mujeres, siempre que pudieran costearlo. Con la campaña anticorrupción del MOJ emprendida por la administración de Chen, estos incidentes son cada vez menos comunes, pero algunos chanchullos continúan ocurriendo. El año pasado, un guardia del Centro de Detención de Taichung fue hallado culpable de dejarse sobornar a cambio de dejar escapar a dos prisioneros.
Además del exceso de reclusos y la corrupción, Chang indica que hay otras áreas que necesitan mejorarse. Por ejemplo, aunque es ilegal emplear castigos corporales en las prisiones, los abusos físicos ocurren con regularidad, según ex reclusos, sus abogados y familiares. A pesar de que en el pasado los guardias fueron hallados culpables de intimidación física, son ahora generalmente los prisioneros mismos los culpables de tácticas de “autogobierno”.
De hecho, se conoce que el abuso —físico o mental— ocurre al inicio del proceso judicial. El Código de Procedimiento Criminal estipula que no se podrá usar ningún tipo de violencia, amenaza, incentivo, fraude, u otro medio inapropiado en contra de las personas acusadas. Sin embargo, la tortura de sospechosos por parte de la policía para obtener confesiones es algo que se escucha de vez en cuando. El año pasado, hubo un caso donde oficiales de la policía golpearon a cuatro jóvenes sospechosos de robo. Los verdaderos culpables fueron hallados, los cuatro jóvenes fueron liberados, y el jefe de la estación de policía se disculpó públicamente por el incidente.
No todos los sospechosos son tan afortunados como esos jóvenes. Es aún posible que un acusado sea enjuiciado, condenado y sentenciado a prisión en base a una confesión obtenida mediante la coerción física. “Cuando alguien es golpeado por los policías, condenado en base a una confesión obtenida mediante tortura, y se preocupa de ser abusado físicamente en la prisión, es difícil que tenga fe en el sistema judicial”, dice Chang. “Durante todo el proceso, el mensaje más obvio que recibe es que la superioridad física se impone, y recurrirá a ella cuando después tenga que resolver problemas”.
El informe anual de TAHR refleja los hallazgos de CAHR. Sin embargo, TAHR se basa en sus observaciones de las condiciones y no en cuestionarios. Lee Mau-sheng, profesor de derecho en la Universidad Nacional de Taiwan y autor del informe de TAHR sobre los derechos humanos de los prisioneros, no observó ninguna mejoría el año pasado. “Juzgando por el menor número de violaciones de derechos humanos en las prisiones, pareciera que hubo cierto progreso”, escribe Lee. “Pero si se analiza la naturaleza de estos incidentes, se dará cuenta de que ninguno de los problemas han sido resueltos”.
Sumándose al hacinamiento, la corrupción y el pobre desempeño de las instituciones correccionales, las prisiones ignoran los derechos de los reclusos a recibir cuidado médico, indica Lee. En la actualidad, sólo una de las ochenta y nueve vacantes para médicos de prisión está ocupada. “Los criminales tienden a tener estilos de vida poco saludables, y muchos reclusos no están en sus mejores condiciones de salud”, señala Lee. “Con el servicio médico actualmente disponible, sólo pueden esperar que sus cinco o diez años en la cárcel no se vuelvan una condena de muerte”.
El MOJ tiene sus dificultades para contratar médicos. El salario mínimo mensual oficial de un doctor de prisión es de NT$40.000 (US$1.220), pero los médicos pueden ganar generalmente más de NT$100.000 (US$3.050) ejerciendo en un hospital. Algunas instituciones tratan de resolver este asunto, contratando a doctores de hospitales cercanos para que ofrezcan servicios de jornada parcial, mientras que el MOJ planea establecer tres prisiones que ofrezcan servicios médicos en el norte, centro y sur de Taiwan para alojar a aquéllos que necesiten tratamiento.
Algunos de los otros esfuerzos del MOJ por mejorar las condiciones de las prisiones incluyen construir nuevas instalaciones y ampliar las ya existentes. Se han creado áreas especiales para prisioneros discapacitados, permitiéndoles recibir tratamiento y cuidado satisfactorios. Los prisioneros mayores de dieciocho años tienen permitido fumar en áreas y horas específicas, pero se les anima a dejar de hacerlo. Se han introducido más clases de formación de destrezas para ofrecerles la oportunidad de encontrar trabajo una vez en libertad. Se han adoptado reglamentaciones anticorrupción más estrictas para reformar la administración de las prisiones. Y se permite salir a los prisioneros en casos especiales, tales como para participar en el funeral de un pariente cercano. No obstante, algunas de estas medidas han sido criticadas por los observadores de los derechos humanos por ser poco prácticas.
Los críticos dicen que la solución para el problema del hacinamiento no es construir más instalaciones. La capacidad oficial de estas instituciones se ha doblado en los últimos años. Las autoridades deberían centrarse más bien en prevenir que los ex convictos regresen al crimen, dicen. Los reincidentes llegan a más de la mitad de la población de prisioneros de Taiwan. “El principal propósito de las instituciones correccionales es rehabilitar”, dice Chang Hsueh-hai. “En la actualidad, los que cometen crímenes menores no son rehabilitados, sino que reciben ‘educación superior’ en el crimen. Ellos continúan cometiendo ofensas adicionales o más serias después de su liberación”.
El Departamento de Corrección, del MOJ, la más alta autoridad para regular las prisiones de Taiwan, no ha hecho comentario sobre ésto ni ha respondido estas críticas. Pero los observadores creen que el problema no es la falta de ley, sino de mano de obra, dinero, y éticas en el cumplimiento de la ley. Lee Mau-sheng indica que el Departamento de Corrección ya ha gastado una buena parte de su presupuesto en personal, y no queda mucho para ampliar la administración de la prisión o llevar a cabo otros proyectos para reformar las prisiones.
Chang Hsueh-hai cree que la falta de recursos es una de las razones detrás de la falta de ética. Actualmente, Taiwan cuenta con 4.000 guardias y funcionarios uniformados de prisión. Sus salarios mensuales oscilan entre los NT$45.000 y $50.000 (US$1.372 a $1.524), y su trabajo requiere de largas jornadas —veinticuatro horas de guardia, veinticuatro horas de descanso— y con frecuencia deben trabajar horas extras. “Las instituciones correccionales son el último nivel de defensa de la justicia social, por ello debemos tener el mejor personal allí”, dice Chang. “Actualmente, el salario ofrecido no es suficiente para atraer personal bueno con un alto nivel ético”.
Un salario más alto ayudaría a atraer gente con mejores estándares y a reducir la corrupción. La solución fundamental en la protección de los derechos humanos, a pesar de todo, se basa en que la gente reconozca las leyes y las respete. Taiwan tiene docenas de leyes y reglamentaciones sobre la administración de las instituciones correccionales, pero las quejas sobre las violaciones de los derechos humanos son muchas. “Las leyes están elaboradas para proteger los derechos humanos, por eso el sistema judicial y la aplicación de la ley de un país están íntimamente relacionadas con el nivel de sus derechos humanos”, dice Chang. “En Taiwan, la disposición de la persona común para obedecer la ley no es lo suficientemente madura, lo que significa que ellos no saben —o no les importa— si han violado los derechos humanos de alguien”.
En vista de la situación actual de Taiwan, los derechos humanos de los reclusos ocupan menor importancia que los del ciudadano medio. Según un informe de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, publicado el pasado febrero, las condiciones de las prisiones de la isla “satisfacen en general los estándares mínimos internacionales”. Aún falta mucho para que en Taiwan, los estándares mínimos se eleven al nivel de su desarrollo económico y democrático.