Taiwan Today

Al ratificar dos convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, Taiwan pretende satisfacer las normas internacionales.

Aunque la democracia y los derechos humanos pueden ser vistos históricamente como conceptos ­separados, ambas ideas se han vuelto interdependientes a medida que las nociones sobre éstos han evolucionado. En una sociedad moderna, la democracia no puede funcionar sin los derechos humanos y la experiencia ha mostrado que los derechos humanos no pueden garantizarse en la ausencia de la democracia. Con su significativo aumento democrático durante las últimas décadas gracias a una amplia gama de reformas políticas, Taiwan ha logrado avances en sus estándares sobre los derechos humanos.

A pesar de habérsele negado reconocimiento en las Naciones Unidas, que es una plataforma clave para el ­desarrollo de las leyes y los estándares sobre los derechos humanos internacionales, la República de China (RDCh) ha estado revisando y enmendando sus leyes y reglamentaciones domésticas para que sus prácticas sobre derechos humanos estén en línea con los estándares de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en relación con los derechos humanos de las mujeres, el Legislativo aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW, siglas en inglés) en 2007, un proyecto de ley que fue firmado por el Presidente ese mismo año. En 2011, el cuerpo legislativo aprobó la Ley para la Implementación de la CEDAW, que entró en vigor en 2012. “El significado de la ley de implementación es que transforma la convención internacional en ley local”, dice Ho Bih-jen, secretaria general de la Alianza Nacional de las Asociaciones de Mujeres de Taiwan. “Significa que ­hemos avanzado de promover el concepto de la CEDAW a poder realmente citarla en una corte de justicia”.

Asimismo en 2012, el Yuan Ejecutivo estableció el Departamento de Igualdad de Géneros. Con la función de promover la igualdad de géneros y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, el recién establecido departamento marca un hito en el impulso de Taiwan para eliminar la discriminación basada en los géneros.

Los derechos de las mujeres en el mercado de trabajo también han ganado más protección gracias a varias enmiendas a la Ley de Igualdad de Géneros en el Empleo. Las estadísticas del Consejo para los Asuntos Laborales (CLA, siglas en inglés) muestran que en los últimos años, menos empresas han tomado en consideración los géneros en relación a los beneficios de los empleados. Por ejemplo, el número de compañías que tomaban en cuenta los géneros a la hora de tomar decisiones para asignar empleos disminuyó del 40 por ciento en 2007 al 30 por ciento en 2011, y a entre 5 y 2 por ciento para las decisiones sobre transferencias y promociones.

Cuando el presidente de la República de China, Ma Ying-jeou, asumió el cargo en 2008, manifestó su determinación para elevar las políticas sobre derechos humanos de Taiwan a los ­estándares internacionales e ­inmediatamente comenzó a trabajar para ratificar e implementar dos convenios de las Naciones Unidas —el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, siglas en ­inglés) y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, siglas en inglés). El Yuan Legislativo aprobó los convenios en marzo de 2009 y Ma firmó los instrumentos de ratificación dos meses después. En realidad, la RDCh, como miembro fundador de las Naciones Unidas, firmó ambos convenios sobre derechos ­humanos en 1967, pero fue incapaz de continuar participando en las actividades de las Naciones Unidas después de perder su representación allí en 1971.

Conforme a las reglamentaciones de las Naciones Unidas, un convenio ratificado entra en vigor formalmente tres meses después de ser depositado en el órgano mundial. Aunque el depósito de los documentos de ratificación de la RDCh fue rechazado por las Naciones Unidas en 2009 debido a la situación política única del país, no obstante, el Yuan Legislativo aprobó una ley de implementación para incorporar el contenido de ambos convenios a la ley doméstica.

A continuación, el Comité Consultivo sobre Derechos Humanos de la Presidencia fue ­oficialmente establecido en diciembre de 2010. El entonces vicepresidente Vincent Siew fue el primer presidente del comité, cuyos miembros están compuestos por una amplia selección de individuos que han demostrado gran interés en los derechos humanos. El grupo es responsable de formular sugerencias ­sobre asuntos claves relacionados con los derechos humanos, así como de revisar las leyes y reglamentaciones domésticas para garantizar que cumplan con ­ambos convenios.

Otra de las principales misiones del comité es producir un informe sobre derechos humanos según el formato estipulado por las Naciones Unidas y conforme a los convenios. El documento ofrece información detallada sobre una serie completa de asuntos sobre los derechos humanos, desde la protección de los derechos básicos hasta la estructura legal y política de Taiwan, la libertad de expresión, las medidas para poner fin a la discriminación y proteger a varios grupos desfavorecidos, así como indicadores sociales tales como salud, educación, empleo y otros. Más de 90 conferencias y audiencias públicas se realizaron para solicitar una amplia gama de opiniones durante la preparación del primer informe, que fue publicado en abril de 2012. “La medida que hemos tomado para incorporar los dos convenios a la ley de la RDCh no es sólo por apariencias”, dijo Ma durante una conferencia de prensa para marcar la publicación del informe. “Sino que se ha realizado con la esperanza de que los derechos humanos en Taiwan se eleven verdaderamente a los estándares vistos en el resto del mundo”. Ma también enfatizó que esa ratificación de los pactos es solamente el comienzo, a medida que Taiwan necesita también establecer varios mecanismos y reglas, y luego operar en el marco de éstos para mejorar los derechos humanos en la nación isleña.

El Informe sobre Derechos Humanos tiene tres partes: El documento central que forma parte de los informes; la Implementación del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; y la Implementación del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una versión en inglés fue publicada en diciembre de 2012. En la conferencia de prensa donde se anunció la publicación de la versión, Ma señaló que alrededor del 70 por ciento de las enmiendas necesitadas para que la legislación esté en línea con los convenios ya ha sido completado. Las copias de la versión en inglés fueron enviadas a varios expertos internacionales en derechos humanos. Diez expertos y eruditos en derechos humanos procedentes de 10 países visitaron Taiwan en febrero de este año para evaluar el cumplimiento de sus prácticas sobre derechos humanos conforme a los estándares de las Naciones Unidas.

En respuesta, Observadores de Convenios —una coalición de más de 40 organizaciones civiles— y la Asociación para los Derechos Humanos de Taiwan sacaron a la luz el Informe sobre Derechos Humanos de Taiwan 2011: Informes alternativos sobre el ICCPR y el ICESCR de Organizaciones No Gubernamentales, un mes después del informe del Gobierno. Además de citar ejemplos claros de violaciones de los derechos humanos que se encontraron ausentes en el informe gubernamental, el informe alternativo enuncia que la versión oficial omite los numerosos comentarios generales emitidos por los dos convenios, que brindan interpretaciones concretas de las disposiciones en los tratados.

Una perspectiva diferente

Según los activistas de los derechos humanos, una gran parte del informe gubernamental simplemente reitera los registros estadísticos, en lugar de ofrecer un análisis crítico que pudiera clarificar las verdaderas condiciones sobre los derechos humanos, o proponer medidas particulares para mejorar estas condiciones.  El abogado y miembro de Observadores de los Convenios, Kao Yung-cheng, dice que el informe alternativo difiere del informe oficial porque éste representa la situación de los derechos humanos de Taiwan ­desde el punto de vista de la sociedad civil y no del Gobierno. “Hay opiniones e interpretaciones diferentes desde diversas perspectivas”, dice.  “Cualquier cosa que ambos lados ­tengan que decir debería ser escuchada antes de que se realice una evaluación justa”.  El grupo de observadores tiene planeado poner a la disposición una ­versión en inglés del informe ­alternativo para los expertos que revisaron el ­informe gubernamental.

Un asunto tratado en el informe gubernamental que ha llamado la atención son los derechos de los trabajadores extranjeros. Los cambios económicos y sociales en la década de 1980 llevaron a que la política de Taiwan permitiera la entrada de grandes grupos de trabajadores extranjeros en industrias específicas, incluyendo la manufactura, la construcción y la pesca, así como para trabajos de brindar cuidados en instituciones o a domicilio. Según el CLA, actualmente hay alrededor de 425.000 trabajadores extranjeros de cuello azul en Taiwan.

Como lo indica la Implementación del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos básicos de los trabajadores extranjeros están protegidos por las leyes laborales de Taiwan. Estos trabajadores empleados en industrias a los que se aplica la Ley de Estándares Laborales, por ejemplo, tienen derecho a los mismos derechos que los ciudadanos de la RDCh en términos de condiciones de trabajo, salario mínimo, horas laborales y seguro de salud y trabajo. A partir de mayo de 2011, los trabajadores extranjeros han podido servir como miembros del directorio de sindicatos. El CLA también brinda subsidios a los gobiernos locales para establecer centros de consulta para estos trabajadores con el objetivo de proteger sus derechos y bienestar buscando prevenir casos de trabajos forzados u otras formas de explotación. El personal de los centros visita regularmente a los trabajadores extranjeros en sus áreas para constatar sus condiciones de vida y trabajo, así como para asegurar que los empleadores están cumpliendo con todos los ­requisitos de empleo legales.

El informe gubernamental también señala ciertas restricciones a las que están sujetos los trabajadores extranjeros. Por ejemplo, ellos necesitan presentar prueba de un récord criminal limpio cuando solicitan la visa de entrada; requieren aprobar un examen de salud para poder solicitar visa de trabajo; y están muy limitados en cuanto a las condiciones bajo las que pueden cambiar de empleador. Asimismo, como la Ley de Estándares Laborales no se aplica a los trabajadores domésticos, tales como los que cuidan o ayudan en los hogares, los empleados en estos campos no están cubiertos por el programa de seguro de trabajo de Taiwan, aunque si están cubiertos por el seguro de salud.

Los grupos sobre derechos humanos están felices de ver que el informe ofrece conocimiento oficial de las ­restricciones que enfrentan los trabajadores extranjeros, aunque piensan que hay mucho espacio para mejorar. “El poseedor de derechos en ambos convenios se denomina como ‘ser humano’ en lugar de ‘ciudadano’, o ‘nacional’”, señala el informe alternativo. “Eso significa que debemos proteger los ­derechos de todos los seres humanos en esta tierra y no sólo a sus ciudadanos”. El Gobierno mantiene que las limitaciones a los trabajadores extranjeros tienen el fin de proteger las oportunidades de empleo de los nacionales de la RDCh, así como el desarrollo económico y la estabilidad social del país. El informe alternativo recomienda que el Gobierno establezca un plan para revisar completamente todos los ­códigos relacionados a los trabajadores y hacer las revisiones necesarias para que ­todos los trabajadores —extranjeros y locales— puedan disfrutar de los mismos derechos.

Otro asunto mencionado en el informe gubernamental que ocasionó una discusión intensa es si Taiwan debería o no abolir la pena capital. Las estadísticas del Ministerio de Justicia (MOJ, siglas en inglés) muestran que tanto los veredictos con sentencia de muerte como el número de ejecuciones en Taiwan han disminuido considerablemente con el paso del tiempo. El número de sentencias de muerte en la década pasada era de alrededor de un tercio respecto a la década anterior, y hubo solamente tres ejecuciones en 2004, tres en 2005 y ninguna entre 2006 y 2009. Sin embargo, en 2010 hubo cuatro, cinco en 2011 y seis en 2012. Actualmente, hay 55 reclusos en el pabellón de la muerte.

La reanudación de las ejecuciones a partir de 2010, el año después de que Taiwan aprobó el ICCPR y adoptó las estipulaciones en las leyes domésticas, ha generado una gran cantidad de crítica por parte de los grupos de los derechos humanos. Lin Hsin-yi, directora ejecutiva de la Alianza de Taiwan para Poner Fin a la Pena de Muerte, piensa que la sentencia de muerte es completamente contraria al espíritu del ICCPR. “El Gobierno debió haber mantenido la moratoria en las penas de muerte como lo hizo entre 2006 y 2009”, dice. Los grupos internacionales avocados a los derechos humanos también han expresado sus preocupaciones. “La pena de muerte nunca es la respuesta correcta y no debería usarse jamás, ni siquiera como una herramienta para prevenir el crimen, reprender o cualquier otra política”, dijo Roseann Rife, jefa de Amnistía Internacional de la región del Asia Oriental, después de que en Taiwan se ejecutaron a seis reclusos en diciembre de 2012— poco después de la publicación de la versión en inglés del informe sobre derechos humanos. “¿Cómo ­puede el Gobierno creíblemente afirmar que quiere ver el fin de la pena de muerte cuando continúa realizando tales acciones?” pregunta ella.

De hecho, la pena capital no está explícitamente prohibida según el ICCPR. La convención reconoce su uso legítimo para los “crímenes más serios”, si se compara con leyes que no están contraviniendo el ICCPR, excluyendo leyes sobre genocidio, y si se lleva a cabo “de conformidad con el fallo final pronunciado por una corte competente”. Como se consagra en la Implementación del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aunque la RDCh ha aprobado el convenio, sus políticas en cuanto a la abolición o no de la pena de muerte o cómo llevarla a cabo aún no se han formulado claramente.

Al mismo tiempo, hay substancial apoyo del público para mantener la pena de muerte. Las encuestas tanto de agencias gubernamentales como del sector no gubernamental muestran consistentemente que entre el 75 y 80 por ciento de la gente en Taiwan se opone a la abolición de la pena capital. Sin embargo, en una encuesta realizada por el MOJ en julio de 2012, mientras que el 76 por ciento de los encuestados dijo que no apoyaría la suspensión de las ejecuciones, el 82 por ciento dijo que apoyaría una reducción gradual en el uso de la pena de muerte.

Tseng Yung-fu, ­ministro de justicia, quien ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre la política ­gubernamental sobre la pena de muerte, indica que abolir la pena capital es una tendencia internacional, pero que no se puede lograr de la noche a la mañana. Las decisiones de abolir la pena capital en Francia y el Reino Unido, por ejemplo, ocurrieron más de tres décadas después de que las naciones firmaran la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (conocidas comúnmente como la Convención Europea sobre Derechos Humanos) en 1950, y después de mucho apoyo y esfuerzos por parte de esos países. Taiwan ha logrado una significativa reforma legal en este aspecto, tal como la enmienda al Código ­Criminal en 2005 que prohíbe enunciar la pena de muerte en casos que involucran a ofensores menores de 18 años, y otra en 2006 que eliminó las sentencias de muerte obligatorias para crímenes particulares. “El Gobierno ha estado reduciendo el número de sentencias de muerte [a través de métodos tales como enmiendas al código legal], que tiene la finalidad de eliminar la pena capital en el futuro”, dice Tseng. “No hay una fecha estimada para la abolición y, por el momento, el Ministerio de ­Justicia debería respetar los principios de derecho”.

En cuanto al reciente informe sobre derechos humanos de Taiwan, según las políticas internacionales actuales, la Organización de las Naciones Unidas no va a aceptar el depósito de los documentos de ratificación del país, aunque cierta cantidad de expertos internacionales en materia de derechos humanos revisen el informe gubernamental, o si el país elimina o no la pena de muerte. Sin embargo, con la conversión de los dos convenios en ley, Taiwan está enviando un mensaje claro tanto al pueblo como a la comunidad internacional sobre su ­determinación para mantener los conceptos e ideales de los derechos humanos universales.